El próximo otoño, el Parlamento Europeo y los ministros de Medio Ambiente de la UE votarán una nueva normativa comunitaria que establecerá límites a las emisiones de los nuevos automóviles que se comercialicen en la Unión Europea.

Los ecologistas creen que esta regulación llega en un momento oportuno, en el que la escasez de petróleo empieza a ahogar a las principales economías mundiales y las emisiones de CO2 procedentes del transporte están poniendo en cuestión la política europea de lucha contra el cambio climático y los avances conseguidos en otros sectores para reducir las emisiones.

Cerca del 70% del petróleo consumido en la Unión Europea se destina al transporte, y la mitad de esta cuota se debe a los coches particulares y los vehículos comerciales ligeros.

Por ello, fabricar vehículos más eficientes resulta decisivo para reducir las importaciones de crudo e impulsar la inversión en tecnologías de automoción más limpias, sostienen los ecologistas.

En 1998, los fabricantes de automóviles se comprometieron voluntariamente a reducir las emisiones de CO2 de los nuevos coches que pusieran a la venta en el mercado europeo a 140 gramos de CO2/km para 2008. Sin embargo, las emisiones medias en 2006 (160 g CO2/km) seguían estando muy lejos del objetivo.

"En lugar de invertir en coches menos contaminantes, el sector ha preferido fabricar coches más grandes y más potentes, dos factores que aumentan directamente el consumo de combustible y las emisiones", señalan los promotores de la campaña de recogida de firmas.

Las organizaciones ecologistas denuncian la "fuerte presión" que la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) está haciendo en Bruselas con el fin de debilitar las exigencias recogidas en la propuesta actual y posponer cualquier norma que les obligue a reducir las emisiones de sus vehículos.

Para contrarrestar este "lobby" que pretende neutralizar las políticas de lucha contra el cambio climático de la UE, las organizaciones ecologistas han lanzado la citada campaña, con el fin de que todos los ciudadanos se dirijan a los europarlamentarios y ministros de Medio Ambiente e Industria pidiendo una normativa eficaz, que fije los objetivos de 120 g CO2/km para 2012 y 80 g/km para 2020, en ningún caso basados en el peso del vehículo, y aplicar sanciones suficientemente disuasorias para que a los fabricantes no les resulte más rentable pagar las multas que cumplir la norma.