Asimismo, estas organizaciones señalan que "la efectiva e independiente actividad jurisdiccional conlleva la identificación de los responsables y el sometimiento de los mismos a las consecuencias que marca la ley"

Por otra parte, los organismos defensores de derechos humanos critican la actitud del Gobierno argentino de negar una cooperación judicial, lo que, a su juicio, "obliga a la sociedad en su conjunto a convivir con los represores, convierte al país en una gigante cárcel de genocidas y condiciona el ejercicio del derecho de defensa de los responsables".

Además, en contra de la opinión del Gobierno argentino, que considera la decisión de Garzón una intromisión en sus asuntos internos y una irrupciónen su soberanía, las organizaciones aseguran que "ejercer la soberanía para dejar impunes a criminales no es una función loable y defendible, sino más bien la consecuencia de la impunidad mediante el encubrimiento".

Las organizaciones firmantes del comunicado son: Abuelas Plaza de Mayo, Madres Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Sevicio de Paz y Justicia, Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Liga Argentina por lo Derechos del Hombre y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.