Estas organizaciones alegan que "las detenciones prolongadas, además de costosas, suponen la adopción de unos métodos innecesarios e inhumanos que no contribuyen, en ningún caso, a unas políticas de expulsión más efectivas".

La ONG religiosa explica en una nota de prensa que la misiva, enviada a los presidentes del Consejo, la Comisión y el Parlamento de la UE, ha sido firmada también por la Comisión de las Iglesias para las Migraciones en Europa, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea y la Conferencia de las Iglesias Europeas.

Además, estas organizaciones cristianas también critican que la citada propuesta de directiva de devolución contemple la prohibición de entrada en un país de la UE durante cinco años a los inmigrantes irregulares que sean rechazados en frontera.

Sobre esta prohibición, argumentan que podría afectar al principio de no devolución de la Convención de las Naciones Unidas para los Refugiados, que garantiza que una persona no podrá ser devuelta a su país de origen cuando existan posibles situaciones de persecución o riesgo para los afectados.

El cierre de las fronteras de la Unión Europea durante un plazo de cinco años elimina para estas personas cualquier posibilidad de conseguir asilo en Europa y puede empujar a los afectados a recabar, víctimas de la desesperación, los "servicios" de los contrabandistas y traficantes de seres humanos.

Por todo ello, Cáritas Europa y las otras tres instituciones firmantes urgen a los organismos europeos a que se eliminen las previsiones de veto de entrada contempladas en la propuesta de directiva, así como a limitar al máximo los plazos de detención en los procedimientos de expulsión, de acuerdo a la legislación europea.