Aunque el código penal del Reino Unido no tiene tipificados los delitos motivados por la discapacidad de la víctima, en el año 2005 se aprobó una norma en aquel país por la se debía considerar esta circunstancia como agravante.

Sin embargo, las organizaciones de personas con discapacidad del país denuncian que esta norma con frecuencia no se aplica.

Una investigación realizada por la organización Scope, detectó al menos 50 casos de agresiones físicas motivados por la discapacidad del agredido, en los que las autoridades policiales y judiciales británicas se negaron a reconocer este hecho como agravante.

Otra investigación de esta organización, realizada en 2005 y 2006, también reveló que las sentencias en casos de homicidio en los que el móvil fue la discapacidad fueron menos severas que en los motivados por racismo o homofobia.

Por su parte, expertos de la organización Mind, dedicada a la ayuda a personas con problemas de salud mental, subrayan que con frecuencia los tribunales desestiman las denuncias de agresiones presentadas por personas con discapacidad intelectual porque consideran que su testimonio no es fiable.

Esta organización recomienda que las autoridades policiales reciban formación para reconocer mejor los delitos en los que el móvil es la discapacidad, ya que, si este hecho no consta en la denuncia, es difícil que se pueda considerar como agravante en un juicio.

Ante las reivindicaciones de las mencionadas organizaciones, el Ministerio Fiscal del Reino Unido expondrá una serie de medidas que prevé adoptar para mejorar el funcionamiento de la Justicia en los delitos motivados por la discapacidad, durante una reunión con el Consejo de la Abogacía y el Foro para la Igualdad y la Diversidad de aquel país.