Asimismo, según explicó Pablo Pérez, director de las Casas de Acogida La Merced, desde mediados de 2005 se está expulsando a niños y a jóvenes extranjeros bajo la apariencia del reagrupamiento familiar, sin respetar las garantías previstas en la legislación internacional y estatal.

Las mencionadas organizaciones denuncian que en estos procedimientos no se ha tomado en consideración la opinión del menor, vulnerando su derecho a ser oído, ni se le ha notificado previamente la resolución de reagrupamiento, quebrantando así su derecho al recurso.

De este modo, puntualizan, no se ha garantizado el análisis individualizado de cada caso, al no haberse escuchado las recomendaciones y valoraciones de los equipos educativos e instituciones encargadas de su custodia, que pueden aportar "datos relevantes y actualizados sobre su situación familiar y personal, su evolución y sus expectativas de desarrollo".

Estas asociaciones entienden que no se reconoce a los menores el derecho a la asistencia letrada independiente en el proceso de reagrupación, no contándose con informes emitidos por las autoridades de los países de origen sobre su situación familiar.

El responsable de las Casas de Acogida La Merced indicó que no se ha garantizado el regreso de estos niños a su entorno familiar o al sistema de protección de sus países de origen.

"En algunos casos", dijo, "tras sacarlos de los pisos por la noche y montarlos en un avión, se les ha dejado en ciudades alejadas de su lugar de origen, a veces en comisarías de policía, poniendo en riesgo incluso su propia vida, ya que han sido objeto en ocasiones de maltrato".

Por todo ello, los representantes de estas organizaciones pidieron que, en aquellos casos en que se demuestre que se han producido expulsiones ilegales, queden éstas sin efecto y, cuando el interés superior del menor lo aconseje, se facilite de nuevo su retorno a España, reconociéndosele los derechos que tenía en nuestro país.

Asimismo, pidieron que a aquellos menores que estén cumpliendo una medida de privación de la libertad se les dispense el mismo trato que a los ciudadanos presos adultos, ofreciéndoles la posibilidad de cumplir la condena en España o retornar a su país de origen.

Finalmente, solicitaron que dejen de realizarse las pruebas para la determinación de la edad en aquellos casos donde el menor presente una documentación de validez internacional (pasaporte) que ya la acredite.