Los líderes de las mencionadas organizaciones explicaron en rueda de prensa que el subsector de frutas y hortalizas suponen el 32% de la producción agraria española, representa un facturación de 1,09 billones de pesetas, mantiene una balanza comercial positiva de 600.000 millones y da empleoa un 560.000 personas, entre fijos y asalariados.

Dada la importancia del sector, la aprobación de la OCM de Frutas y Hortalizas en su redacción actual supondría, a su juicio, "la emigración de numerosos agricultores", así como también un perjuicio medioambiental, por lo que instaron al nuevo Gobierno que salga de las urnas a que defienda sus planteamientos. El ministro de Agricultura actual, Luis Atienza, está a favor de la OCM propuesta, con ligeras modificaciones.

Entre las propuestas del sectr productor español destaca que la financiación de la retirada de frutas y hortalizas (cuando haya excedentes en el mercado) proceda exclusivamente de la Unión Europea (UE) y no cofinanciada como se pretende ahora. También quieren que la cantidad de dinero de Bruselas disponible para las retiradas sea suficiente para evitar crisis del mercado.

Además, plantean un fortalecimiento de las OPFH (Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas), de forma que se centralice a través de estas organizacioes la totalidad de la venta y se amplíe la comercialización del producto.

Asaja, UPA, COAG y la Confederación de Cooperativas quieren también que el fondo de operaciones con el que estarán dotadas las OPFH sea finaciado en un 75% por la UE, y que llegue hasta el 100% en las regiones donde la OPFH no estén desarrolladas.

Otra de sus propuestas es que la OCM recoja con claridad la preferencia comunitaria, frente a las producciones de países terceros (en especial, Marruecos), y que se establezca unacláusula de salvaguardia especial para los productos sin precio de entrada limitado.

Las organizaciones mencionadas van a comenzar una campaña, como se hizo con la Mesa para la Defensa del Vino, para dar a conocer sus planteamientos a todos los partidos políticos, administraciones central, autonómicas y europea, organizaciones de consumidores y ecologistas, a la espera de que éstas los apoyen.