Por ello, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se manifestarán mañana en Madrid para solicitar al Ministerio que adopte medidas que eviten la "desaparición" de este sector debido a las reglas de la actual Organización Común de Mercados (OCM) de la UE.

El tomate para transformación disfruta en toda la Unión Europea de un sistema de ayudas que está condicionado por los límites que imponen las instituciones comunitarias. Las organizaciones agrarias afirman que en nuestro país existe un gran desfase entre la producción real y el umbral de transformación asignado por la UE en 2001.

Según estas organizaciones, las penalizaciones que se están aplicando en la ayuda a nuestro país "están causando graves perjuicios económicos".

"El año que viene, la penalización aumentará debido a las reglas de la actual OCM, creando una situación en la que será imposible cultivar tomate en nuestro país", denuncian dichas compañías.

Esta situación se da sólo en España ya que el resto de países productores de la UE no sufren estas penalizaciones o son mínimas.

"Se da la circunstancia de que el actual sistema penaliza al país más eficiente y competitivo, en contra de la filosofía de la última reforma de la Política Agraria Común (PAC) que propugna la orientación de las producciones a los mercados", explican las organizaciones afectadas.

También se unirá a la manifestación convocada para mañana la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) que reivindica de forma urgente la rectificación de la actual OCM.

ASAJA, COAG, UPA y CCAE piden que mientras que se consigue corregir la situación, se vayan tomando varias medidas transitorias, como establecer ayudas directas dentro del régimen "minimis", una revisión del índice de rendimiento del IRPF, un incremento de la bonificación de la línea del seguro combinado de tomate y una ayuda a la producción integrada con financiación de las administraciones estatal y autonómicas, que no implique un compromiso quinquenal.