La reunión, que terminó a primeras horas de la noche de ayer, se realió para valorar el desarrollo del acuerdo marco firmado entre el Ministerio y organizaciones agrarias el pasado 23 de mayo, en la que se acordó la apertura de tres mesas de negociación para tratar los problemas más acuciantes de la agricultura española.

Los responsables de las organizaciones agrarias no descartaron retirarse de estas mesas, en el caso de que los Presupuestos del Estado del 93 no asignen dinero suficiente en ayudas para paliar la sequía, jubilaciones anticipadas e indemnizaciones compenatorias de montaña y zonas desfavorecidas.

El subsecretario del Ministerio de Agricultura, José Antonio Blanco, recordó que una de las mesas de negociación está trabajando en las jubilaciones y en las indemnizaciones de montaña, y "existe un compromiso por el Ministerio para concretarlo en normas a lo largo del próximo otoño".

Blanco señaló que las prioridades que Agricultura ha planteado al Ministerio de Economía son los compromisos adquiridos sobre el sector lácteo, remolachero y del tomate, as como la obtención del máximo de fondos comunitarios.

El subsecretario reconoció la existencia de discrepancias con las organizaciones agrarias son discrepantes, como el tratamiento en el IRPF a los agricultores, aunque "el que no se llegue acuerdos, no supone romper las reglas del juego, es decir, que se mantenga este marco de relaciones".

DURAS CRITICAS

Fernando Moraleda, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (Upa), criticó las medidas ya adoptadas por el Ministerio, como eldecreto que puso en marcha el Gobierno para paliar los efectos de la sequía, que, a su juicio, es insuficiente ya que no proporciona ayudas directas, salvo en el caso de los ganaderos.

También censuró la nueva fiscalidad aplicada a los agricultores, "ya que el 62 por ciento de ellos tienen una renta de menos de un millón de pesetas, por lo que pedimos un régimen que tenga en cuenta el nivel de vida de cada uno".

Moraleda señaló que su organización propuso al Ministerio, que se mostró receptivo, arir otra mesa de negociación sobre las consecuencias que tendría para la agricultura el acortamiento del periodo transitorio de la CE y pidió financiación para la incorporación de jóvenes a la agricultura y la formación profesional agraria.

Pedro Barato, presidente de la Asociación Nacional Jóvenes Agricultores (Asaja), valoró negativamente la reunión, y dijo que lo que "queremos es dinero urgente y olvidarnos de tanto papeleo y burocracia".

Barato afirmó que "hay que dar solución a los problemasde la sequía con dinero de verdad, ya que después de la reforma de la PAC (Política Agraria Común) ahora se descubre que hay menos dinero del que decían, en concreto, las jubilaciones sólo cubren 250.000 para toda la Comunidad, y en España con eso no tenemos ni para empezar".

Por su parte, José Luis González, coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias, cree que el acuerdo-marco carece de soporte financiero necesario y refleja "una falsa y cicatera voluntad política por parte delGobierno".

"La nula sensibilidad política y social del Gobierno está haciendo la situación insostenible para los agricultores, por lo que puede estallar en cualquier momento como una bomba de relojería, y el máximo responsable sería Felipe González", añadió el coordinador general de Coag.