Fernández Ordóñez, que participó hoy en el seminario "Política fiscal y competitividad" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, se mostró satisfecho de que en España se liberalice este servicio telefónico, pero lamentó la lentitud con la que se están llevando los process de privatización de otros servicio de Telefónica, como larga distancia.

A pesar de que reconoció que el tiempo prefijado para su liberalización se ha reducido, ya que de la primera fecha fijada para 2003 se ha pasado a 1998, el presidente del TDC consideró que de ponerse en marcha en estos momentos los primeros peldaños de esta reforma la misma se alcanzaría sin las "prisas" de última hora y permitiría que el usuario se preparase para este cambio.

Miguel Angel Fernández Ordóñez se mostró satisfcho con el Plan de Convergencia elaborado por el Gobierno porque, a su juicio, "menciona todo" lo propuesto por el TDC, pero afirmó que a partir de ahora lo que el Ejecutivo debe hacer es "ponerlo en marcha sin perder tiempo".

Fernández Ordóñez afirmó que "en estos momentos en los que la recuperación económica es imparable" el Gobierno debe hacer un esfuerzo por liberalizar los mercados, tal y como se recoge en el Plan de Convergencia, para que "no nos pase como en el pasado, que al no estar liberalizdos los sectores, subió el precio, como ocurrió con el suelo".

Para el presidente del TDC, "las subidas especulativas que se producen en un mercado no preparado en época de recuperación son un problema por que crean un conflicto social, porque provoca unos beneficios excesivos para los que tienen poder adquisitivo mientras que los trabajadores se mantienen igual".

En este sentido, Fernández Ordóñez abogó por una liberalización de los sectores económicos en los que aún existen monopolios en España ya que "una restricción de la competencia es un impuesto para el consumidor".

El presidente del TDC concluyó afirmando que en la actualidad su departamento está trabajando en cinco sectores de la economía española: Banca al por menor; farmacias; puertos; cines; y carburantes, cuyos informes serán remitidos al Gobierno a finales del presente año.