La querella presentada por Jacinto Jarne Robles ante los juzgados de primera instancia de Coslada se refiere a los ocho concejales que fomaban parte de la comisión evaluadora: Angel Medina García, Angeles Santa Cecilia García, José Gómez Fernández, Alfonso Pascual Sanz, Manuel Monfort Paz, José Casado Covian Andrés Couso Tapia y Alfonso Tirado Torres.

Los hechos sucedieron a principios del mes de abril del presente año cuando el Ayuntamiento de Coslada hizo una convoatoria pública de empleo para cubrir una plaza de jefe de mantenimiento e instalaciones para el Patronato Municipal de Cultura, Deporte y Juventud en régimen de interinidad.

La convocatoria estipulaba como requisito necesario para acceder a la plaza tener la titulación de ingeniero técnico industrial o arquitecto técnico. La selección se haría a través de un concurso-oposición en el que se valoraría el curriculum de cada aspirante tras lo cual se procedería a entrevistar a los elegidos.

La comisin valoró el curriculum de 33 aspirantes de entre los cuales resultaron seleccionados 4, entre ellos Mariano Barrio Fuentes, que finalmente fue el elegido para el puesto a pesar de no poseer la titulación exigida en la convocatoria.

Según Luján, en esta selección se produjeron varias irregularidades además de la elección de una persona que no tenía la titulación pertinente: las bases de la convocatoria no incluían los baremos para que los aspirantes conocieran los criterios de selección y no fueron pubicados los componentes del Tribunal calificador.

Ante la impugnación realizada por el demandante, la comisión de selección decidió dejar sin efecto la convocatoria y celebrar una nueva selección aplicando un nuevo baremo a medida del candidato que se deseaba contratar. La anulación fue comunicada a los aspirantes sin dar explicación alguna de ella.

Luján aseguró a esta agencia que "en realidad el proceso de selección no sirve para nada, la contratación ya se ha hecho antes de comenzar el concursooposición".

Todos estos son hechos constitutivos de un delito de prevaricación, según la querella presentada por Luján, por lo que solicita que se exija a los querellados que presten una fianza de un millón de pesetas para asegurar la reparación de los daños económicos y que se decrete el embargo de sus bienen en cantidad suficiente para atender a dichas responsabilidades pecuniarias.