LA OPOSICION RECLAMA A TOCINO IMPUESTOS AMBIENTALES PARA ELIMINAR RESIDUOS

MADRID
SERVIMEDIA

Los partidos de la oposición, incluido CiU, reclamaron hoy al Gobierno la creación de impuestos finalistas sobre determinados residuos para garantizar fondos destinados a la puesta en marcha de sistemas que facilten su recogida y gestión.

CiU aprovechó hoy el debate y votación en el Congreso de las enmiendas a la totalidad presentadas contra el proyecto de Ley de Residuos del Gobierno que se celebró en el Congreso de los Diputados, para proponer la instauración de una ecotasa sobre los aceites industriales.

El diputado de CiU Luis Recoder explicó que lo que se recaude con esta tasa debe destinarse a financiar sistemas para la recuperación, tratamiento y regeneración de este residuo.

Aunque las enmiedas a la totalidad de PSOE, IU y Bloque Nacionalista Galego (BNG) fueron rechazadas con los votos en contra de PP, CiU, PNV y Coalición Canaria, la diputada socialista Cristina Narbona adelantó que su grupo apoyará la propuesta de Convergència i Unió durante la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Residuos para que se introduzca en el texto.

Además, Narbona señaló que antes de un año deberían existir impuestos finalistas de carácter ambiental que gravaran otro tipo de residuos, y criticó a Gobierno por su oposición a este tipo de fiscalidad, postura similar a la que defendió IU.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, aseguró que su departamento ya está estudiando la idoneidad y repercusión de los impuestos ambientales en la Comisión Interministerial creada junto al Ministerio de Economía y Hacienda.

Tocino reconoció que "ninguna política ambiental es gratuita" y se mostró partidaria de iniciar el debate en relación a la fiscalidad ambiental.

La ministra isistió en la defensa del proyecto de Ley de Residuos elaborado por su ministerio, afirmando que acaba con la filosofía de "usar y tirar", defiende el reciclaje, facilita a las empresas la utilización de las mejores tecnologías disponibles y ha sido consensuado con el resto de administraciones.

La ley obliga a los ayuntamiento de más de 5.000 habitantes a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos a partir del año 2001 y establece sanciones de hasta 200 millones de pesetas para quienes vierta o eliminen incontroladamente residuos.

(SERVIMEDIA)
27 Nov 1997
GJA