Salgado informó en su primera comparecencia ante la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, que el objetivo del Gobierno en esta legislatura es "una reforma en profundidad del modelo de la Administración del Estado en el territorio", lo que provocó la frontal oposición CiU, PNV y ERC.

Frente a su pretensión, Jordi Jané (CiU) le advirtió que si la idea es "resucitar" la figura de los gobernadores civiles, el Gobierno contará el rechazo frontal de su coalición.

De hecho, esta propuesta de Salgado fue la que mayor consenso suscitó en los grupos de oposición, que la rechazaron en su conjunto por temor a las injerencias en las competencias autonómicas que podría acarrear.

CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Gobierno prevé también reforzar en esta legislatura "el control político en el seno de los ayuntamientos y para regular las figuras de los cargos municipales, garantizando la transparencia de su actuación". Medidas que intentan atajar casos de corrupción como el último descubierto en Estepona (Málaga).

"No tengo duda", dijo Salgado en la Comisión de Administraciones Públicas, "de que habrá consenso para seguir dignificando la vida pública, acabando con la corrupción urbanística, en un combate sin cuartel".

Aseguró que la financiación local será una prioridad de su departamento para esta legislatura. Los ayuntamientos tendrá que asumir "un mayor protagonismo institucional", con más competencias y "mayor flexibilidad para ejercerlas".

FINANCIACIÓN POR CONSENSO

La reforma del sistema de financiación "es ineludible" para que las corporaciones sean "realmente autónomas y suficientes". Para abordarlo, aseguró que es imprescindible "llegar a consensos" sobre la nueva Ley de Bases de Régimen Local.

En esta norma, deberá establecerse "el alcance de la autonomía local y las competencias municipales" con la consiguiente "consolidación" de las mismas. Se tratará de "promover un modelo más operativo y eficiente, transparente y participativo" para mejorar el autogobierno y la democracia municipal.