La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que modifica la regulación actual de la prisión provisional se encuentra ahora en trámite parlamentario, después de rechazarse, con los votos del PP, CiU y Coalición Canaria, las petición de siete partidos de retirar el texto del Gobierno, por considerar que no respeta l presunción de inocencia y generaliza el encarcelamiento cautelar.

El proyecto presentado por el ministro de Justicia, José María Michavila, amplía los supuestos en los que se puede aplicar esta medida cautelar, que se impone antes de la sentencia, a los acusados de violencia doméstica, miembros de bandas organizadas o reincidentes.

El texto del Gobierno permite que la prisión provisional para delitos menos graves tenga un máximo de un año y medio, con la prórroga, en lugar de dos años; y de cuato en total para los más graves, aunque no se aplicará como antes de forma generalizada.

En cambio, con la redacción del Ejecutivo la prisión provisional se amplía a los delitos penados con menos de dos años en casos de violencia de género, delincuencia organizada o cuando el acusado tenga antecedentes penales.

MAS GARANTIAS

El PSOE ha planteado a este proyecto varias enmiendas para garantizar que esta medida cautelar sea de carácter excepcional, se adopte sólo cuando sea "objetivamente necesari" y no existan otras alternativas para alcanzar los mismos fines, y se practique de la forma que menos perjudique al afectado.

La prisión provisional deberá aplicarse sólo para impedir la fuga del reo, impedir que altere o destruya pruebas, y cuando haya riesgos "concretos" de que cometa nuevos delitos de la misma o similar naturaleza que el imputado. Además, restringe los casos en los que se puede dictar prisión incomunicada.

Asimismo, el PSOE pide que esta medida dure el tiempo "imprescindible"para alcanzar los fines que se pretenden, no más de un año para delitos menos graves y un máximo de dos para los más graves, con una prórroga posible de hasta dos años cuando se pueda imponer una condena de más de seis años de cárcel.

Por su parte, Izquierda Unida pide que se suprima la posibilidad de dictar prisión provisional para delitos penados con dos años o incluso menos en casos excepcionales, y que se amplíe este mínimo a tres años.

Reclama también que se evite la "perversión" de otorgaresta medida carácter punitivo, y otras reformas para aumentar las garantías del procesado, respetar su presunción de inocencia y asegurar que se cumpla la excepcionalidad, provisionalidad, proporcionalidad y temporalidad que deben caracterizar esta medida cautelar.

En la misma línea van las propuestas de modificación del PNV, que insiste en la necesidad de "diferenciar todo lo posible la medida cautelar de la eventual pena", en que la prisión debe acordarse únicamente cuando no haya otra alternativa ara proteger la seguridad pública, defender a la víctima o garantizar el correcto desarrollo del proceso penal.

El PNV considera además que el juez sólo puede prohibir al imputado la comunicación con las personas que pudieran facilitar su huida, colaborar en la obstaculización del proceso, o ayudar a la comisión de nuevos delitos, pero no se debe incluir al abogado defensor ni a los familiares en esta prohibición, salvo que existan razones fundadas para considerar que pueda realizar algunas de las citdas actuaciones.

MALOS TRATOS

En cuanto a CiU, sus enmiendas pretenden reducir el régimen de incomunicación de los detenidos, de modo que se aplique sólo cuando se investiga a bandas organizadas; limitar el tiempo de prisión no comunicada y que se garantice la asistencia de un médico de oficio durante este periodo.

Por otro lado, propone que los acusados de violencia doméstica puedan ser sometidos a prisión provisional, aunque se les impute una falta, no necesariamente un delito, al igual que alos sospechosos de haber cometido faltas de manera reiterada u organizada.

Además, CiU incluye en sus enmiendas otras propuestas relacionadas con los malos tratos, como que los arrestos domiciliarios se realicen en una vivienda distinta a la de la víctima y lo más alejada posible de ésta. También plantea otras medidas cautelares, como la prohibición de desempeñar determinadas profesiones o impedir el abandono del territorio nacional.

Los partidos representados en el Grupo Mixto han enmendado tambén este texto. ERC reclama que la duración máxima sea de tres meses prorrogables hasta seis; que la prisión incomunicada no se exceda en ningún caso más de 48 horas, y que la reclusión sea en determinados casos fuera de los centros penitenciarios convencionales.