El texto remitido por el Gobierno al Congreso establece que podrán cogerse a la jubilación anticipada los trabajadores mayores de 61 años, que tengan 30 de cotización a la Seguridad Social, lleven seis meses inscritos como demandantes de empleo en el Inem y su rescisión de contrato "no se haya producido por causa imputable a la libre voluntad del trabajador".

Los partidos de la oposición apuntan que la redacción del texto impide que la jubilación sea realmente voluntaria, como había anunciado el Gobierno, por lo que proponen una serie de alternativas al mismo.

E las citadas enmiendas, a las que tuvo acceso Servimedia, el Grupo Parlamentario Socialista extiende el derecho a la jubilación anticipada a aquellos empleados cuyo "cese en el trabajo se haya producido por causa imputable a la libre voluntad del trabajador".

El PSOE no modifica el resto de requisitos fijados por el Gobierno, como la edad de acceso, algo que sí realizan otros grupos de la oposición que la adelantan hasta los 60 años.

IU modifica, además, los coeficientes reductores que castigan aquienes decidan jubilarse anticipadamente con una reducción de la pensión. El Grupo Parlamentario de IU inclye un coeficiente reductor del 4,167% por año de anticipo de la jubilación.

Del mismo modo, el BNG rebaja el coeficiente reductor máximo al 6% para quienes hayan cotizado 30 años, y lo va reduciendo gradualmente hasta el 4% de penalización que tendrán quienes acrediten haber cotizado más de 40 años a la Seguridad Social.

La propuesta del Gobierno fija un coeficiente reductor del 8% para quines hayan cotizado 30 años; del 7,5% para los que tengan entre 31 y 34; del 7% para los que alcancen de 35 a 37 años de cotización; del 6,5% para aquellos que cuenten con 38 ó 39 años; y fija el coeficiente mínimo en el 6% para los que tengan más de 40 años cotizados.

Sin embargo, todas estas propuestas de la oposición chocan con otras enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, que recalcan que para acceder a la jubilación anticipada el trabajador no debe haber dejado su puesto de trabao de forma voluntaria y exigen que haya estado inscrito en el Inem, un requisito cuya eliminación propone Iniciativa Per Catalunya.

65 AÑOS

El proyecto del Gobierno, que desarrolla el acuerdo alcanzado con CEOE-Cepyme y CCOO el 9 de abril del 2001, incluye también la posibilidad de que los mayores de 65 años sigan trabajando, de forma que consigan mejorar su pensión, mientras que el empresario se beneficiaría de la exoneración de las cotizaciones sociales, cuyo coste sería financiado por el Inem.

Este último punto cuenta con el rechazo de toda la oposición, que reclama que sea el Estado, vía Presupuestos, quien asuma el coste de dicha exoneración o de las bonificaciones que se establecen para los mayores de 60 años, ya que de lo contrario se reducirían los ingresos de la Seguridad Social.

Además, para el BNG, prolongar la vida laboral más allá de los 65 años es una medida "regresiva", que va en contra del reparto del trabajo y del fomento del empleo entre los jóvenes. IU incide en que las boificaciones y exoneraciones de cotización para esos trabajadores no supone ninguna creación de empleo, ya que el Gobierno exige que el trabajador lleve más de 5 años contratado en la empresa para que el empresario tenga esos beneficios.

En el caso del Grupo Parlamentario Catalán, se apuesta por extender todos los derechos contemplados en este proyecto de ley a los empleados públicos, con el fin de que éstos también puedan acceder a la jubilación gradual y flexible.

DISCAPACITADOS

Entre las propestas de CiU se establece además la de que los discapacitados puedan acogerse a la jubilación anticipada antes que el resto de trabajadores, como sucede a otros colectivos como los mineros, los trabajadores del sector pesquero o el personal de vuelo de líneas aéreas.

CiU defiende su enmienda en el hecho de que los discapacitados conforman un colectivo que "por sus características físicas, psíquicas o sensoriales, realizan también su trabajo en condiciones especiales de dureza, con un mayor desgaste y na vida activa más reducida", por lo que deben también derecho a jubilarse antes que el conjunto de los trabajadores.

CiU destaca, además, que el coste de esta medida sería, "sin duda, muy reducido", ya que afectaría también a un "reducido" número de beneficiarios.

El Grupo Parlamentario Catalán pide, también, que la existencia de lesiones o secuales físicas anteriores a la contratación de un discapacitado no impida que se le otorgue posteriormente, si se dan las circunstancias necesarias, la incpacidad permanente.

La propuesta de CiU trata de evitar la actitud de las entidades gestoras de la Seguridad Social que, cuando un trabajador minusválido solicita una pensión contributiva por incapacidad permanente, no quieren otorgársela alegando que existían lesiones previas a que el trabajador empezara su periodo de cotización al sistema público.

Otra enmienda de CiU pide que se compatibilice el cobro de la pensión de invalidez en su modalidad no contribntiva con la realización de un trabajo rmunerado. Actualmente, los trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 65% que acceden a un empleo, ven reducida su pensión en proporción similar al salario que cobran,

CiU establece que, para incentivar que estas personas acepten un empleo, se reduzca la pensión sólo la mitad del salario, de forma que al trabajador le salga rentable también económicamente aceptar la oferta de empleo.