En el tercer debate producido en la Cámara Alta sobre este asunto, todos los partidos menos el PP volvieron a coincidir en tachar de "fraude" y "agresión al Estado de Derecho" la reforma orquestada desde el Gobierno, a través del Grupo Popular principalmente por cuestiones formales del procedimiento escogido, pero también por razones de fondo.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto se remite ahora al Congreso de los Diputados para que la semana que viene lo apruebe definitivamente, pero ya sin posibilidad de introducir modificaciones.

El senador del PP José Ferrández insistió durante el debate en la "corrección y consitucionalidad de las formas" con las que se ha llevado a cabo la reforma y en la "necesidad" de las medidas en ela contemplada para atajar el "Plan Ibarretxe".

Estas medidas están "justificadas" ante la situación de "acoso a la que está sometida la sociedad como consecuencia de iniciativas absolutamente ilegales e inconstitucionales de algunas autoridades que ponen en serio riesgo y peligro la Constitución, el Estado de Derecho y la convivencia ciudadana", declaró Ferrández.

TRISTEZA DEL PSOE

El portavoz socialista, Joaquín Galán, se confesó "triste" porque el PP, con estas actitudes "están enfrentándonosa los demócratas". "Este país no puede funcionar si en los grandes temas de Estado no hay acuerdo entre los dos principales partidos", apostilló.

Galán acusó a los populares de hacer leyes igual que se hacen salchichas y de querer "convertir el Parlamento en una salchichería, más bien mala". Tras tildar la reforma de "fraude sin paliativos", indicó que el PP ha creado una nueva figura legislativa: "el decreto-ley parlamentario o decreto-ley para materias no susceptibles de decreto-ley", como es el Códgo Penal.

El portavoz más crítico fue el del PNV, Joseba Zubía, quien denunció que la reforma supone la "reintroducción del delito político", la "criminalización del debate político" y nos coloca en una "auténtica y objetiva situación de excepción".

"Un referéndum no puede ser nunca un acto terrorista", protestó el portavoz peneuvista, quien añadió que la reforma "queda apenas a un paso de tipificar directamente el pensamiento político". "Un gobierno que combate el debate político con el Código Pnal es un gobierno con vocación totalitaria", agregó.

Zubía también rechazó las formas con las que el PP ha llevado adelante su reforma: "es inadmisible que una reforma del Código Penal se haga con nocturnidad y alevosía".

"TRAVESTISMO LEGISLATIVO"

Dijo que con esta ley hemos asistido a un espectáculo de "travestismo o transformismo legislativo", al convertir la ley complementaria a la de Arbitraje en una reforma del Código Penal.

A su juicio, estamos ante una "auténtica reforma del Senado porque se ha convertido en Cámara de primera lectura, y sin modificar la Constitución ni tan siquiera el Reglamento. Para que luego digan que el Senado no vale para nada", siguió ironizando. "No se puede prescindir de una Cámara que tan bien y tan rápido hace los deberes al ministro de Justicia", concluyó.

El socialista catalán Isidre Molas, portavoz de la Entesa Catalana de Progrés, habló de "violación de la Constitución", "atentado contra los derechos de los senadores" y "agresión al Estado de Dereho". "El fin no justifica los medios. Para los maquiavélicos de vía estrecha, quizá, para los demócratas, no", agregó.

Por parte de CiU, Salvador Capdevila se quejó de que el Gobierno no ha escuchado ningún argumento de la oposición, de que se ha hurtado el papel de los parlamentarios y consideró que la reforma es innecesaria, porque esos delitos ya están contemplados en el actual Código Penal.

José Mendoza (Coalición Canaria) alertó de que la reforma puede conducir a España a una situación peligosa y Anxo Quintana (BNG) indicó que "el continuo recurso a la vía penal delata el fracaso de las políticas del Gobierno de José María Aznar".