La idea lanzada por el ministro de que la dispersión hace que los internos adopten decisiones libremente no tuvo buena acogida entre los grupos parlamentarios de la oposición, que recordaron al titular de Justicia el hacinamiento, las mafias y la venta de droga que existen en las cárceles.

El portavoz del Partido Popular (PP) en la Comisión de Justicia e Interior, Rogelio Baón, fue aún más lejos, al pedir el cese del el secretario general de Asuntos Penitenciarios, AntoniAsunción, y de todo su equipo de colaboradores.

El titular de Justicia señaló que el nuevo Código Penal contempla aumentar a 35 (actualmente son 30) los años de cárcel a los que podría ser condenada una persona, al tiempo que dijo que los presos etarras no reciben ningún beneficio penitenciario.

CASO POR CASO

De la Quadra recalcó que la Administración estudia individualmente los casos de los reclusos para poder clasificarlos de forma adecuada y colocarlos en los sitios donde sea más fácil impedr su reagrupación en núcleos de presión.

Todos aquellos presos susceptibles de crear dificultades son "fichados" y sometidos a un especial seguimiento, al tiempo que se les trata de alejar de cualquier influencia externa.

Pese a las protestas que han generado estas medidas en el círculos de los presos terroristas (huelgas de hambre y denuncias públicas), el ministro recalcó que "se han hecho importantes avances", en especial en el País Vasco.

Respecto a los internos de los Grupos Revolucionaios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO), apuntó que cuentan con un menor apoyo exterior, aunque su potencial criminal es muy alto.

En cuanto al control de los narcotraficantes recluidos, dadas sus características y aireada economía, la Administración trata de vigilarlos de forma especial, para evitar que sigan organizando sus "negocios" desde las cárceles.

Por ello, se les tienen en todo momento localizados y se vigilan especialmente sus salidas, altercados con otros presos, revisiones médics y contactos vis a vis.

MAFIAS

Rogelio Baón recalcó que los etarras disfrutan de beneficios penitenciarios, que en los penales hay mafias y que los funcionarios carecen de confianza, lo que ha provocado que este verano se hayan sucedido los motines, revueltas y algaradas.

En 1990 fueron realizadas 32.662 aprehensiones de droga a reclusos, introducida en las cárceles por familiares, y contabilizados 10.000 presos con SIDA (el 30 por ciento de la población penitenciaria), aseguró el diputado.

Los grupos del CDS y de IU insistieron, respectivamente, en que el traslado de etarras provoca, en las comunidades que no tienen el problema del terrorismo, una alarma social y en que no hay que caer en la tentación de hacer leyes especiales para reclusos especiales.

PRESOS CONFLICTIVOS

El ministro aseguró que las cerca de 60 protestas y motines habidos este verano en numerosos establecimientos penitenciarios fueron promovidos por unos 60 internos. En esta idea incidió también el secretario genera de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción.

Los cabecillas de los motines de este verano, que conforman una banda, sólo pretendían, a juicio de Asunción, generar una situación de desconcierto entre los trabajadores penitenciarios que facilitase su fuga.

Asunción reconoció que faltan de 6.000 a 7.000 plazas en las cárceles españolas y recalcó que el aumento de la problación penitenciaria genera, a veces, problemas de hacinamiento y desajuste en las plantillas de funcionarios.

Para paliar est situación, "dentro de un sistema que no es milagrero", serán construidas 20.700 nuevas plazas penitenciarias en los próximos cinco años, que servirán para descongestionar los centros obsoletos que, de momento, "seguirán funcionando aún muchos años".