El proyecto de Ley de Contratos aprobado por el Consejode Ministros el pasado octubre contiene algunas de las medidas anti-corrupción propuestas por el jefe del Ejecutivo en el último debate sobre "el estado de la Nación".

Entre estas medidas figuraba la prohibición de contratar con las Administraciones públicas a aquellas personas condenadas por irregularidades en delitos como la prevaricación o el cohecho.

Con el proyecto de ley debatido hoy, el Ejecutivo persigue ampliar las garantías de transparencia y publicidad de los contratos que realizan lasAdministraciones públicas.

CIEN AÑOS DE HONRADEZ

Sin embargo, la oposición considera que si se atiende al articulado del proyecto, los logros son los contrarios. PP, IU, CDS y PNV presentaron enmiendas de totalidad al texto, que fueron rechazadas por la mayoría socialista.

"Se crean nuevas vías de fraude, como la figura del contrato verbal", afirmó el portavoz del PP, José Manuel Otero Novas, quien se refería así a la potestad que otorga a la autoridad este texto para formalizar contratos por tléfono.

Otero Novas dijo que el proyecto suprime también preceptos de la legislación anterior que garantizaban el control sobre las contrataciones, como la fiscalización previa a la formulación del contrato.

"Durante 100 años de honradez, que fue lógica porque estuvo en la oposición, el PSOE no pudo prevaricar. Cuando llegó al Gobierno, se ha dedicado a destruir uno a uno los criterios de objetividad en las contrataciones del Estado que se habían fijado a lo largo de años anteriores", afirmó el dputado popular.

Otero Novas tildó de "monumento a la arbitrariedad" el proyecto de ley, porque, a su entender, "instaura la clandestinidad como norma y la publicidad como la excepción".

Francesc Baltasar, de Izquierda Unida, manifestó que el proyecto "no tapa las rendijas que hay en la legislación, que permiten que se cuelen irregularidades en las contrataciones públicas".

El portavoz de IU, así como el representante del PP, denunciaron la inasistencia de ministro alguno para presentar al Palamento el proyecto de ley.

Baltasar dijo que el texto "quiebra el sistema de confianza de los ciudadanos en las contrataciones del Estado, en un momento en que la corrupción es uno de los principales problemas del país que denuncia la sociedad".

Aunque formalmente no pidió la devolución del proyecto ni presentó enmienda de totalidad, el portavoz de CiU, Juan Miguel Nadal, advirtió que si el PSOE no introducen reformas significativas en el capítulo de las competencias de las comunidades autónomaspara la contratación, CiU podría recurrir al Tribunal Constitucional.

El "recorte" de competencias a las CCAA que instaura este texto, según la oposición, fue denunciado también expresamente por Eduardo Vallejo, del PNV, y Francesc Baltasar, de IU.

José Manuel Lloret, del PSOE, aseguró que el proyecto respeta las directivas comunitarias sobre contrataciones públicas y aseveró que la transparencia y la objetividad "conforman este proyecto".

No obstante, dijo que el Grupo Socialista está abiero a introducir enmiendas en el apartado de competencias para las comunidades autónomas.