El pasado día 16 concluyó el plazo dado a unos doscientos altos cargos para realizar de nuevo sus declaraciones de patrimonio, ingresos y actividades, aunque fuentes de la Inspección General de Servicios indicaron a Servimedia que es obligado esperar algunos días más para recibir las declaraciones realizadas por correo certificado.

Posteriormente, los servicios de la Inspección de Servicios de la Xunta estudiarán todas las declaraciones para ver si existe alguna posible incompatibilidad y pedirán más ocumentación a aquellos altos cargos que no hayan cumplimentado debidamente sus declaraciones. Ello motivará que pasen varias semanas antes de que el nuevo registro de intereses quede a disposición del público en general.

Miguel Cortizo, diputado del PSOE y vicepresidente de la Cámara gallega, estimó en declaraciones a Servimedia que debía existir "transparencia total y absoluta", y apuntó que los registros actuales no sirven para nada.

Cortizo Nieto dijo que deberían ser totalmemnte transparente tanto el registro de intereses como el patrimonial, "que todo el mundo pueda saber como evoluciona el patrimonio de los cargos públicos. Lo demás son gaitas, pamemas", opinó. Admitió que a personas con patrimonios importantes les pueda molestar que se divulgue, pero añadió que si tiene un origen lícito deberían erradicar su pudor.

EXAMEN DE ALTOS CARGOS

Miguel Cortizo incluso apuntó que debería existir un control para comprobar que las declaraciones realizadas son verdaderas. Defendió como adecuadoun examen de altos cargos como el practicado a algunas personas de la administración Clinton y que motivó varios descartes de personas que no aseguraban a su personal doméstico, por ejemplo.

Por su parte, el diputado del BNG Xesús Vega reconoció que con la nueva regulación de la Xunta se amplían las circunstancias y hechos declarables, pero también apuntó que la mayoría de los datos van a permanecer en secreto, en el registro patrimonial, al desdoblarse el registro existente hasta ahora.

Por ello Vega estimó que "no se puede hablar de que haya más transparencia, dado que una parte de lo que antes era público ahora queda opaco". A juicio de este diputado, de esta forma pueden producirse más sopresas como la de Juan Fernández, que dimitió como consejero de Industria después de descubrir que cobraba indebidamente dos salarios públicos.

Hasta ahora, los altos cargos de la Xunta declaraban más rentas o participaciones en empresas de las exigidas en la ley estatal que regula las incompatibilidades e altos cargos, y que fue reformada en el 91. Al adaptar el registro gallego a esta reforma, los altos cargos gallegos declaran públicamente menos cuestiones.