La decisión de la Ejecutiva del PP e dar instrucciones a los alcaldes de su grupo para que cada municipio regule individualmente la adjudicación del servicio de cableado en sus respectivas circunscripciones, debe pasar, según De Hoyos, por unas pautas básicas de aplicación general.

Tras mostrar su satisfacción por la iniciativa del PP, que en su opinión "empezará a sentar las bases de una legislación sobre este asunto", el portavoz de las televisiones locales destacó que en muchos municipios, con gobiernos de distinto signo, ya se ha epezado a estudiar la concesión de licencias a operadores de cable, amparándose en las sentencias favorables del Tribunal Constitucional.

"Es muy posible que la futura Ley de Cable se articule en ese mismo sentido, dando autonomía a cada ayuntamiento para convocar el concurso del tendido de la red de cable, lo mismo que ahora tienen plena competencia para adjudicar la recogida de basuras o cualquier otro servicio", señaló el portavoz.

La Ley de Bases de Régimen Local atribuye a cada ayuntamiento ea función, por lo que algunos munícipes llevan meses de trámites e incluso en Barcelona ya ha sido adjudicada la concesión, pero lo novedoso es que un grupo parlamentario dé instrucciones a sus alcaldes para que agilicen la convocatoria de concursos.

TRANSICION EN LA FEMP

Por su parte, la decisión del PP cae en un momento de transición dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya que hasta noviembre no se elige la nueva directiva de este organismo y mientras tanto sus actuaes miembros no pueden pronunciarse, porque algunos de ellos no son ya ni siquiera alcaldes, tras perder las últimas elecciones municipales.

Fuentes de la FEMP señalaron a Servimedia que no existe ni debe existir una excesiva coordinación entre ayuntamientos para la elaboración de los pliegos de condiciones de los concursos de prestación de servicios públicos, sino que más bien se trata de garantizar la independencia de cada corporación para hacerlo. Sólo existen algunas recomendaciones, que no condicinan a nadie.

El único riesgo que se plantea ahora, en opinión de De Hoyos, es que un determinado municipio establezca unas condiciones en el concurso que estén elaboradas a la medida de un operador concreto, lo cual vulneraría el principio de libre competencia, por lo que se impone la existencia de unos criterios homologados que obliguen a todos los ayuntamientos a cumplir unas normas básicas.