El contenido de la comunicación queda al margen de esta obligación de aportación de datos, que figura en un anteproyecto del que hoy informó el ministro de Interior al Consejo de Ministros, y que ahora será sometido a consulta de la Agencia Española de Protección de Datos, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

La nueva norma, que incorporará al ordenamiento español una directiva comunitaria sobre conservación de datos generados o tratados en comunicaciones electrónicas, obliga a las empresas a entregar esos datos cuando se les requiera para la investigación, detección o enjuiciamiento de delitos.

Actualmente, según el Gobierno, aunque los operadores de comunicaciones electrónicas deben proporcionar la información solicitada mediante autorización judicial, al no existir la obligación de conservar los datos en ocasiones no disponen de ellos. También se controlarán los datos procedentes de teléfonos móviles activados mediante la modalidad de tarjetas prepago. Se establece la obligación de los operadores de dicho tipo de tarjetas de llevar un libro-registro con la identidad de los compradores y de conservar los datos correspondientes durante ese mismo período -doce meses- desde que se active la tarjeta.

Se fija un plazo de seis meses para que los operadores de estos servicios realicen, a su costa, las adaptaciones técnicas precisas para proceder al cumplimiento de las obligaciones de conservación y cesión de datos contenidas en el Anteproyecto.

Finalmente, la puesta en funcionamiento del Anteproyecto exige la implantación en las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil de un sistema informático para el almacenamiento y gestión de la información recibida de los operadores, así como el establecimiento de canales de comunicación de datos con los mismos. Eso costará unos tres millones de euros, que se financiarán con cargo a los presupuestos del Ministerio del Interior.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, insistió en que la norma no afecta al contenido de las comunicaciones, que en ningún caso puede ser interferida sin autorización judicial. En lo que se refiere a la modalidad de tarjetas prepago, el ministro señaló que se trata de acabar con la "opacidad" que reina en este tipo de comunicaciones, que "en la historia reciente de España se ha utilizado por los delincuentes y los terroristas".