El objetivo de la demanda es que se pueda devolver el dinero a los alumnos que pagaron por adelantado el importe del curso y a los que o sufragaron mediante un crédito que se les declare concluso el contrato del préstamo contraído con las entidades bancarias.

También, el PSE-EE insta a que los servicios de la Consejería de Consumo encarguen un estudio jurídico que dictamine cuál es la vía judicial más segura y rápida para que los alumnos de Opening puedan dejar de pagar por un servicio que en la actualidad no reciben.

Para la dirigente socialista, el Gobierno vasco ha pretendido "salir del paso" y "escurrir el bulto" en este asuto. En la comunidad vasca el cierre de Opening ha afectado a 6.600 alumnos, de los que 3.600 han interpuesto reclamaciones.