En concreto, proponen modificar la disposición adicional primera de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, para considerar como "cláusula abusiva" de un contrato la imposición de pago adelantado sin asegurar antes, mediante un contrato de seguro o similar, el cumplimiento de esa prestación.

Esta es una de ls ocho medidas contenidas en la proposición no de ley presentada por Pozuelo en el Congreso de los Diputados ante la "falta de reacción" que ha demostrado la Administración en este caso.

Por ello, los socialistas comienzan por pedir al Ejecutivo que utilice todos los mecanismos legales y administrativos para solucionar la situación de los alumnos y de los profesores de la red de academias.

Quiere, además, que los alumnos de centros de enseñanza no reglada, como "Opening", dispongan de una informaión exacta, adecuada y veraz sobre las prestaciones que ofrecen, las modalidades de pago, y la carencia de validez académica de las enseñanzas que se imparten.

Asimismo, consideran necesario que se reconozca el derecho de los usuarios que contraten la prestación de un servicio continuado el derecho al pago fraccionado del mismo.

Otra de las medidas sugeridas es que se reconozca la obligación de estos centros de informar a los usuarios sobre el derecho de revocación de contratos celebrados fuera d establecimientos mercantiles, si éstos no se formalizan en el establecimiento del empresario concedente del crédito.

También proponen modificar la Ley de Crédito al Consumo para obligar a que el usuario tenga, antes de firmar el contrato y en caso de necesitar un crédito, un documento con todas las condiciones y características de ese préstamo.

Los socialistas plantean otra modificación de esta misma norma para suprimir la exigencia de exclusividad con la entidad concedente del crédito, para queel consumidor pueda ejercitar los mismos derechos que le correspondan frente al proveedor de bienes o servicios adquiridos mediante contrato de crédito.

Finalmente, solicitan al Ministerio de Sanidad y Consumo que fomente la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de los centros dedicados a impartir cursos de enseñanza no reglada, de forma coordinada con las comunidades autónomas y con la colaboración de las asociaciones de cunsumidores y usuarios.