OPENING. LA OCU PRESENTA UNA DEMANDA COLECTIVA ANTE LA FALTA DE ACUERDO CON LOS BANCOS Y LA AUSENCIA DE SOLUCIONES DEL GOBIERNO

MADRID
SERVIMEDIA

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presntó hoy en los juzgados de Madrid una demanda colectiva contra la academia de idiomas Opening Master School y cuatro entidades financieras que concertaron préstamos con alumnos, ante la falta de soluciones amistosas con los bancos y de salidas efectivas por parte de la Administración, a pesar de que la ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, anunció el pasado mes de septiembre como alternativa los centros de Wall Street Institute.

La portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, afirmó en rueda de prens que "nosotros intentamos una vía amistosa con las entidades financieras; obtuvimos la callada por respuesta. Atendimos a las peticiones de la Administración pública, que dieron una posibilidad de solución", si bien, "bajo nuestro punto de vista, era parcial (acogerse a Wall Street)".

Wall Street no es válido para la OCU porque "tenemos también un historial contra esas academias, expedientes de reclamación que no han atendido hasta el momento, y no nos pareció una solución realmente para la totalidad e los afectados", explicó.

Además, según manifestó el coordinador de la acción colectiva, Enrique García, tras las reuniones celebradas en el Instituto Nacional del Consumo, "no ha habido soluciones efectivas sobre el papel; no ha habido una oferta concreta a los alumnos".

Tras recibir solicitudes de ayuda de más de 800 afectados, "y visto que no había ninguna posibilidad más de resolución, decidimos emprender esta acción colectiva", afirmó Izverniceanu.

NUEVA FIGURA

La acción colectiva esuna figura nueva del derecho civil español que permite beneficiar no sólo a los directamente personados sino que, una vez se produce sentencia firme, también a todos aquellos casos similares que quieran acogerse a la sentencia.

La demanda se ha dividido en dos partes por razones de eficacia administrativa. Hoy se ha presentado una primera demanda contra la casa matriz de Opening y cuatro bancos (BBVA Finanzia, Banco Pastor, Eurocrédito y SCH), en representación de 508 afectados. Solamente este primer paquete" ocupa 21 cajas de folios.

Y una segunda demanda colectiva, que representará a unos 200 alumnos, irá dirigida contra los centros franquiciados de Opening y las mismas entidades financieras.

Además, en nombre de unos 60 alumnos de Opening que pagaron el curso al contado y no tienen por lo tanto que seguir pagando un préstamo, la OCU se personará en la suspensión de pagos de Opening, que se tramita en Barcelona, para reclamar lo que les corresponda como acreedores.

En ambas demandas, l OCU pide al juez que declare la resolución del contrato de enseñanza por incumplimiento del mismo, que reconozca la vinculación legal entre el contrato de formación y los creditos, y que, por lo tanto, ordene a los bancos que devuelvan a los alumnos con préstamos vivos las cantidades percibidas desde agosto de 2002.

La OCU recomendó en septiembre a los alumnos que acudieron a ella que no dejaran de pagar las cuotas de los préstamos hasta que se presentara la acción colectiva, lo que se ha consumado hy.

RECOBRO

Mientras tanto, las entidades han continuado ejecutando procesos de recobro sobre los alumnos que dejaron de pagar los créditos, si bien muchos les han seguido pagando por miedo a entrar en un fichero de morosos y a no poder obtener un crédito de vivienda o de otro tipo, señaló García.

Indicó que, una vez que el juez admita la demanda, abrirá probablemente un plazo de dos meses para que se adhieran a la misma otros afectados que lo deseen, lo que podrán efectuar dirigiéndose a la OCUo al juzgado.

Por lo demás, la organización no tiene constancia de que alumno alguno haya sido inscrito en el registro de morosos por no pagar en el caso Opening, que ha afectado a cerca de 80.000 personas en España, de las cuales unas 45.000 habían suscrito un préstamo para pagar el curso.

García criticó asimismo que el Gobierno no haya tomado ninguna iniciativa para terminar con la "ambigüedad" de la Ley de Crédito al Consumo cuando se refiere a los llamados "préstamos vinculados" a un contratode prestación de bienes o servicios.

"El Gobierno tendría que aprender de los errores y reformar todo lo que es el sector de crédito al consumo para que queden claras una serie de cuestiones básicas, como es ésta de la vinculación de los créditos", señaló.

"Porque el sentido común dice que si uno recibe un servicio o un bien, y ese bien no es conforme a lo que contrató, pues evidentemente la financiación tampoco lo parece. Por tanto, alguien se tiene que hacer responsable de ese aspecto", argumenó García.

(SERVIMEDIA)
10 Ene 2003
A