El director general de Consumo, Carlos Macía, que ha instado a los alumnos de Opening a presentar reclamaciones, ha informado de que unas 900 personas en Castilla-La Mancha se han visto afectados por la suspensión de actividades de la academia de idioma que, supuestamente, debería reanudar las clases el día dos de septiembre, aunque en ls centros de Opening, no ocurrirá lo mismo que en los que son franquicia, que no lo harán.

En Albacete la estimación de los afectados es cercana a las 200 personas y 500 en Ciudad Real. Sin embargo, en estas provincias los centros de Opening son franquicias concedidas a los distintos propietarios que están dispuestos a reanudar la actividad. Sin embargo, los 200 alumnos de Talavera de la Reina, inscritos en un centro de Opening, podrían verse obligados a pagar los créditos aunque no se reanuden las clses.

La empresa Opening ha dejado de impartir clase y, aunque a comienzos de verano tenía intención de reanudar la actividad el 2 de septiembre, ahora ha anunciado que deberá esperar una o dos semanas más. En España hay 80.000 personas afectadas de las cuales 40.000 recibían clases en centros de Opening, entre ellos los 200 de Talavera de la Reina, y los otros 40.000 en franquicias como las de Ciudad Real y Albacete.

Se da la circunstancia de que la mayoría de los alumnos habían firmado créditos on distintas entidades bancarias para costear los cursos y teóricamente tendrán que seguir pagándolos con independencia de que la actividad se haya suspendido.

La Dirección General de Consumo sugiere a los afectados en la región que presenten una reclamación con acuse de recibo al propio centro Opening donde cursaban sus clases, a la entidad financiera con la que han firmado el crédito y a la Dirección General de Consumo a través de las delegaciones de Sanidad o las oficinas municipales de Informaciónal Consumidor.

Respecto a la procedencia o no de seguir pagando los créditos una vez suspendida la actividad, la Ley de Créditos de Consumo vincula el contrato financiero a la eficacia del contrato cuyo objeto sea la satisfacción del consumidor, tanto en la compra de un producto como en la prestación de un servicio.

En este caso, la empresa al incumplir su contrato, el consumidor no debería estar obligado a pagar el crédito vinculado al mismo, siempre que se dieran las siguientes circunstancias, ue al parecer en este caso se han dado: concertación de contrato de concesión de crédito con un empresario distinto del proveedor de servicios que quiere financiar; que entre la financiera y en este caso Opening exista un acuerdo previo, concertado en exclusiva, para la concesión de créditos a los alumnos; que el crédito obtenido por el consumidor lo haya sido en aplicación de dicho acuerdo.

Diferentes sentencias en casos similares vienen a poner de manifiesto que si el contrato principal, del que el irmado con la entidad financiera es un instrumento, se resuelve por incumplimiento de la actividad, en este caso de Opening, el consumidor no debería hacer el pago sin haber recibido contraprestación, pues no puede ser amparado por el orden jurídico situaciones como éstas en las que la conexión entre el contrato principal y el de financiación es obvia.

Dado que el ámbito del problema tiene carácter nacional las comunidades autónomas están colaborando en suministrar la información correspondiente para ue incluso podamos abordar soluciones conjuntas que podrían ser tratadas en la próxima reunión de la Comisión de Cooperación de Consumo integrada por los directores generales de Consumo de las comunidades autónomas y por la Dirección General de Consumo y Atención al Ciudadanos del Ministerio de Sanidad.