Ausbanc coincide con el Ministerio de Sanidad y Consumo en que la Ley de Cédito al Consumo ampara el derecho a no pagar si cesa la enseñanza, siempre que el alumno notifique formalmente a Opening la resolución del contrato, para que la compañía se lo comunique a su vez a la entidad financiera correspondiente.

Esta carta tipo de Ausbanc ha sido remitida a Sanidad y Consumo y a diferentes asociaciones de consumidores para que sea distribuida entre los afectados de Opening. Asimismo, está disponible en la web de Ausbanc (www.ausbanc.es).

Según señaló hoy en rueda de prens Daniel Basterra, letrado de la asociación, "la Administración ha mostrado gran sensibilidad en torno a esta situación, especialmente la ministra Ana Pastor. En este sentido debemos decir que hemos tenido a lo largo de los años ministros de Sanidad, pero no de Consumo. Todo parece indicar que con Ana Pastor, por primera vez, tenemos también una ministra de Consumo".

No obstante, Ausbanc advirtió de que "si la Administración o la banca no solucionan la situación planteada, la asociación presentará una uerella criminal contra Opening y llamaría al proceso a las entidades financieras implicadas para que por razones de prejudicialidad penal (artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) cualquier reclamación contra los alumnos se paralice".

Por otro lado, además de la vía planteada por Ausbanc y algunas asociaciones de consumidores, de carácter individual, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) está preparando una demanda colectiva, prevista en el nuevo Código Civil, que requiere para suarse a ella no haber iniciado acciones judiciales ni estar inmerso en ellas por el mismo motivo. En este último caso, al estar los interesados defendidos por abogados no pueden estar representados por las asociaciones de consumidores que proponen la demanda colectiva.

Por esa razón unas asociaciones de consumidores están diciendo a los afectados de Opening que dejen de pagar porque la ley les protege, mientras que otras organizaciones aconsejan pagar este mes, hasta que hayan presentado una acción colctiva, prevista a finales de septiembre, en la que estarían representados sin necesidad de verse envueltos en una batalla judicial individual contra un banco.