Esta resolución fue aprobada con treinta votos a favor y la oposición de once países, entre los que figuran Estados Unidos y China. No obstante, otros países con pena de muerte, como Indonesia, Japón, Paquistán, Ruanday Sudán, han aceptado el documento.

El texto aprobado insta a los estados a que, hasta que se establezca la moratoria, quede restringido el número de ejecuciones y no se aplique la pena capital a todos los prisioneros condenados, especialmente a los menores de 18 años, mujeres embarazadas y personas que sufran alguna discapacidad mental.

La embajadora de EEUU ante la ONU, Nancy Rubin, defendió el voto en contra de su país argumentando que, si la pena capital está legalizada en 38 de sus 50 estado, es debido a que cuenta con el apoyo de un número significativo de ciudadanos o, de lo contrario, los legisladores ya la habrían abolido.