Una vez aprobada, esta convención será el primer gran tratado sobre derechos humanos del siglo XXI. Tras su aprobación por la Asamblea General, la convención se abrirá a los 192 estados miembros para su ratificación y aplicación y entrará en vigor cuando sea ratificada por veinte países.

Los países que ratifiquen este texto estarán jurídicamente obligados a tratar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho con derechos claramente definidos.

La convención, que llena un vacío en el marco de las normas internacionales de derechos humanos, detalla en sus 50 artículos los derechos de las personas con discapacidad, que comprenden, entre otros, los derechos civiles y políticos, la accesibilidad, la participación y la inclusión, el derecho a la educación, la salud, el trabajo y la protección social.

Si bien el documento no exige a los países que adopten medidas que no puedan costear, sí les exige que trabajen con miras a adoptar progresivamente iniciativas que permitan que las personas con discapacidad tengan un mejor acceso al transporte, la educación, el empleo y el ocio.

NO A LA DISCRIMINACIÓN

Los países que ratifiquen el tratado aceptarán promulgar leyes y adoptar otras medidas para mejorar los derechos de las personas con discapacidad, así como abolir la legislación, las costumbres y las prácticas que discriminan a este colectivo.

En la actualidad, según Naciones Unidas, alrededor de 45 países cuentan con leyes en las que se aborda la situación de las personas con discapacidad.

Los defensores de la nueva convención mantienen que, aunque las personas con discapacidad tienen técnicamente los mismos derechos que todas las demás, en la práctica son objeto de discriminación en todas las facetas de la vida, incluidas el empleo, la educación, la atención de la salud y el ejercicio de sus derechos jurídicos.

Tras cuatro años de negociaciones por un comité de la Asamblea General de la ONU, los países alcanzaron un acuerdo sobre la convención el pasado 25 de agosto.

El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, saludó este acuerdo como un logro decisivo para los 650 millones de personas con discapacidad que hay en todo el mundo.

Conjuntamente con la convención, la Asamblea General de la ONU aprobará un protocolo facultativo sobre comunicaciones, de 18 artículos, que permite que las personas y los grupos presenten sus reclamaciones al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una vez que se hayan agotado todos los procedimientos de recurso a escala nacional.

Este comité de expertos independientes, que se creará después de la entrada en vigor de la convención, recibirá informes periódicos de los Estados firmantes sobre el progreso alcanzado en el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al tratado.