Las principales víctimas, indica el informe, siguen siendo mujeres y niños. Aunque es imposible establecer el número exacto de afectados, "con toda seguridad, alcanza millones". El director ejecutivo de la UNODC, Antonio María Costa, declaró al respecto que "la existencia de esta forma de esclavitud en pleno siglo XXI nos avergüenza a todos".

Costa ha señalado que corresponde a las autoridades de cada país identificar a los delincuentes que se aprovechan de los grupos de población más pobres y vulnerables, y proteger a las víctimas de estas formas de esclavitud.

En este sentido, para Costa, la responsabilidad recae sobre los gobiernos, quienes deberían reducir la demanda de productos baratos manufacturados en talleres de explotación, así como de materias primas procedentes de fábricas o minas irregulares.

En cuanto al tema del tráfico de drogas ilegales, el titular de la UNODC afirmó que "los esfuerzos por contrarrestar el tráfico han sido descoordinados e ineficientes. La falta de información sistemática por parte de las autoridades es un problema real. Los gobiernos necesitan hacer más esfuerzos".

Respecto a las penas, Costa declaró que "la baja tasa de condenas de delincuentes por tráfico de personas es un tema grave que necesita ser tratado".

Además, "la protección de las víctimas puede sonar como algo obvio, pero en la práctica, a menudo son tratados como criminales que deben enfrentarse a cargos por la vulneración de leyes de inmigración o prostitución".

En este sentido, apela a la protección y sensibilización hacia las víctimas para que se sientan menos intimidadas, más seguras y puedan testificar contra los verdaderos criminales.