Arbour hizo esta valoración después de que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, le explicara las políticas de refuerzo de los derechos humanos, sociales y civiles que sigue el Gobierno en las citadas materias.

La alta comisionada se refería concretamente al proceso de regularización de inmigrantes, que finalizó el pasado 7 de mayo, y a la Ley Integral contra la Violencia de Género.

"Son iniciativas muy progresistas que nos satisfacen porque combaten problemas que hay en otras partes del mundo y que tratan a los segmentos más vulnerables de la población", aseguró Arbour.

Por su parte, Jesús Caldera comentó que el proceso de regularización de inmigrantes "supone ante todo y sobre todo reforzar, desde la dimensión de los derechos sociales, la protección de los derechos humanos".

Asimismo, Caldera dijo que informó a Arbour de otra norma que refuerza los derechos fundamentales como es la ley que combate la violencia hacia la mujer. En este sentido, resaltó la "altísima sensibilidad" del Gobierno hacia las políticas de igualdad y como la Ley Integral contra la Violencia de Género "supone convertir un problema que antes era privado en un asunto de todos".

Finalmente, el ministro le explicó a la representante de la ONU que el Gobierno trabaja en otras leyes como la de dependencia o la ley para la igualdad del hombre y la mujer en el empleo.

Al encuentro también asistieron la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, y la directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris.