El Constitucional entiende que el Gobierno cántabro tiene razón cuando reclama la competencia para declarar espacios protegidos en su propio territorio, algo que además está recogido en el Estatuto de Autonomía de Cantabria.

Una vez resuelto el recurso por parte del Alto Tribunal, la comunidad autónoma deberá proteger las marismas de Santoña con la figura que considere más conveniente.

El Gobierno cántabro ya aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Mrismas de Santoña, Victoria y Joyel, al que deberá adaptarse la nueva figura de protección que se asigne a este espacio.

Además, hasta que no se apruebe la nueva normativa permanecerá vigente la actual ley, con el objetivo de evitar la desprotección de este espacio natural hasta que se le dote de una nueva figura de protección.

El Tribunal Constitucional recuerda en su sentencia que en agosto de 1993 el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por no haber clasifficado las marismas de Santoa como zona de protección especial y no haber adoptado las medidas adecuadas para evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats de dicha zona.