Entre las asociaciones más destacadas en esta iniciativa figuran diversos colectivos de inmigrantes, Cáritas y la Asociación Pro derechos Humanos (APDH).

En la rueda de prensa celebrada hoy, los promotores de la campaña denunciaron que el acuerdo adoptado por el Gobierno se haya realizado sin consultar previaente a las organizaciones sociales; no contempla mecanismos para regularizar a los familiares que ya se encuentran en España; no establece plazos precisos para la concesión de visados por esta causa, lo que puede suponer meses o incluso años de tramitación.

Igualmente, critican que el acuerdo "no introducen requisitos objetivos dejando en manos de las administraciones los criterios de valoración, sobre todo en lo que concierne a la 'acreditación de recursos económicos estables y suficientes' y a la diponibilidad de 'vivienda de características y amplitud consideradas normales para los ciudadanos españoles' ".

Respecto a que sea un notario quién acredite las condiciones de la vivienda, los organizadores consideran que se trata de un requisito difícil de cumplir porque entraña muchos problemas burocráticos. Sería mejor, dicen, que fueran los servicios sociales de los municipios e incluso las ONGs quiene certificaran las condiciones de la vivienda.

Además, la tramitación del visado de reagrupacin familiar "ofrece una gran complejidad" que puede dilatar el proceso en más de un año, además de no indicarse, en el caso de que se conceda, el tipo de permiso que se otorgará a los reagrupados.

"TRANSPARENCIA"

En este sentido, pidieron "transparencia" a las distintas administraciones implicadas (Asuntos Sociales, Interior y Trabajo) a la hora de elaborar instrucciones y circulares internas que establezcan la actuación de los funcionarios.

Según expresó Antonio Martínez, de Cáritas Diocesana d Madrid, la Administración "ha violado el mismo reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería" con este acuerdo, ya que impone a los mayores de 18 años que deseen reagruparse demostrar que dependen jurídica y económicamente de su familia.

Además, como el Gobierno ha tardado dos años en redactar y aprobar este acuerdo, algunos inmigrantes trajeron a su familia ilegalmente por lo que muchos de sus hijos se han hecho mayores de edad en España, sin que el acuerdo contemple la forma de regularizar a los ue viven ya en nuestro país.

En definitiva, las organizaciones piden la redacción de una ley de inmigración, que modifique lo establecido en la ley de extranjería en materia de integración social y contemple estos supuestos.