LAS ONGs EXIGEN UNA LEY FISCAL QUE PERMITA DESGRAVAR AL 100% DONATIVOS DE EMPRESAS Y PARTICULARES
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Las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con drogodependientes, con minusválidos y con personas de la tercera edad exigen al Gobierno una ley fiscal que permita desgravar al cien por cien a las empresas y a los particulares los donativos que entreguen a estas entidades.
En declaraciones a Servimedia, el presidente de la Federación Catalana de Asociaciones de Ayuda al Toxicómano, Miquel Rambla, impulsor de esta propuesta de ley fiscal, precisó que las cantiddes máximas que los donantes podrían desgravarse serían de un 5% de la Renta de la Personas Físicas y el mismo porcentaje sobre el Impuesto de Sociedades.
Rambla explicó que la situación económica de las ONGs españolas dedicadas al mundo de los marginados, lo que se conoce cómo el "cuarto mundo", atraviesa serias dificultades, por la escasez de fondos que reciben de las instituciones. Añadió que, con esta ley, lo que se pretende es incentivar a la sociedad civil para que contribuya con donativos a su ausa.
A su juicio, la ley fiscal tendría un efecto psicosocial y multiplicador y conseguiría la implicación de la sociedad civil, "que no se consigue con discursos moralizantes".
El responsable de la federación catalana explicó que los estudios de que disponen indican que los particulares y las empresas no ayudan a sus organizaciones a no ser que padezcan el problema y, sin embargo, el incentivo fiscal les motiva. "La ley sustituye al colaborador que va a pedir un donativo", apostilló.
Segúnlos datos de que dispone la federación catalana, con la ley fiscal, de cada 100 ciudadanos, 15 participarían con el fin de desgravarse y 5 más movidos en principio por el incentivo fiscal llegarían a ser solidarios. La cifra de donativos sería, según Rambla, suficiente para que sus organizaciones salgan de la penuria económica.
Miquel Rambla aseguró que CiU, IU y el candidato del PSOE a presidente del Gobierno, José Borrell, conocen el borrador de esta ley fiscal y "lo ven bien".
No obstante, expicó que el ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, no quiere "ni oir hablar de esta ley", argumentando que abriría la puerta a la picaresca.
El representante catalán explicó que el proyecto se va a discutir con el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, y que las ONGs llevarán su proyecto al Parlamento como iniciativa popular, si fuera necesario.
(SERVIMEDIA)
27 Jun 1998
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