Este grupo, junto a otras organizaciones no gubernamentales (ONGs), como Amigos de la Tierra y una veintena de entidades ambientales más, así como Comisiones Obreras, han remitido a la conferencia mundial de Río un "Manifiesto de las ONGs ante el cambio climático" en el que proponen las medidas necesarias para reducir el calentamiento de a atmósfera por los llamados "gases invernadero", entre los que destaca el CO2.

Aedenat critica que los representantes españoles pretendieran, sin conseguirlo, la reducción de las emisiones comunitarias totales de CO2 sin dejar de aumentar las españolas, alegando que nuestro país aún contamina menos que la media de los estados de la CE.

Al final, Europa ha pactado una estabilización que significa para España poder aumentar sus emisiones de CO2 en un 25 por ciento hasta el año 2000, según recoge e recientemente aprobado Plan Energético Nacional (PEN) 1991-2000.

Según Aedenat, "la postura oficial española ante el cambio climático no hace más que publicitar que, aunque no lo han logrado, su propuesta a la CE era más progresista".

Para los ecologistas, Nebraska, como Estado federado en los Estados Unidos de América, "podría tener la misma postura 'progresista' que el Estado español", lo que, si fuera seguido por todos los ciudadanos del mundo -argumentando, como el Gobierno español, que, si o, se compromete el crecimiento del país-, "se traduciría en la emisión de aproximadamente 8.250 millones de toneladas de carbono".

"La postura española", concluyen los ecologistas, "es insolidaria y no es progresista, sobre todo si se tiene en cuenta que en el Estado español la eficiencia y el ahorro energético brillan por su ausencia".

Para CCOO, el Convenio sobre el Clima elude todo compromiso de estabilizar o reducir las emisiones causantes del efecto invernadero, quedando sólo en tímidas recmendaciones. Carlo Ripa di Meana, comisario comunitario de Medio Ambiente, ha decidido no asistir a la "cumbre" por la falta de acuerdo de la CE para estabilizar las emisiones.

GOBIERNO IRRESPETUOSO CON LA NATURALEZA

Joaquín Nieto, de esa organización sindical, considera que el Gobierno español "ha sido uno de los que han impedido el compromiso de la CE" y que figura a la cabeza "de los gobiernos menos respetuosos con el medio natural y más irresponsables respecto a problemas globales como el cambioclimático".

Las organizaciones firmantes del manifiesto estiman que el objetivo de estabilización de emisiones de CO2 para el año 2000, al que se han comprometido la CE y muchos países de la OCDE, "es insuficiente, como reconocen los científicos que estudian el problema".

En cambio, piden al Gobierno español y a los países desarrollados en su conjunto que lleguen a un acuerdo para reducir esas emisiones en un 20 por ciento para el año 2000, objetivo que consideran factible y que, en el caso de nustro país, exigiría la revisión del PEN y de la política de transportes.

Los ecologistas y movimientos sociales proponen que el futuro tratado de protección del clima contemple en protocolos separados el control de los demás gases de invernadero, fundamentalmente metano, óxido nitroso y ozono troposférico. "Adicionalmente, la producción de CFCs se debería prohibir de inmediato", señalan.

El manifiesto pide que se conserven los bosques del mundo y se frene en particular la destrucción de los bosqus tropicales, "tanto por el papel de éstos en la regulación del ciclo del carbono como por la pérdida de recursos y biodiversidad que está suponiendo su desaparición".

Los grupos ecologistas también consideran "imprescindible la introducción de un impuesto sobre la energía, excepto la procedente de fuentes renovables", que favorezca el ahorro energético y las energías limpias al hacer más cara la energía.

Con el dinero procedente de estos impuestos y de los gastos militares debería constituirse u "fondo climático", independiente de los existentes, para ayudar financiera y tecnológicamente a los países que lo precisen, fundamentalmente del Tercer Mundo, a prevenir los cambios climáticos y a adaptarse a los mismos.

"Las aportaciones al fondo deberían ser proporcionales a las emisiones de cada país y a sus posibilidades" y su administración democrática, indica el manifiesto.