En rueda de prensa, Carlos Villán, de la Asociación Española para el Desarrollo Internacional de los Derechos Humanos, ejemplarizó esta denuncia refiriéndose al caso de Karmelo Landa, ex europarlamentario y antiguo miembro del Parlamento Vasco que, según dijo, lleva 16 meses en la cárcel "acusado de ser etarra" por haber militado en HB.

Agregó que Landa está en prisión por haber hecho declaraciones "en las que jamás se ha pronunciado a favor de la violencia", aunque sí ha defendido la independencia vasca, lo que le ha convertido en "un preso político que no es además el único que está sufriendo prisión preventiva". Las organizaciones presentes en la rueda de prensa quisieron dejar claro que no son "filoetarras".

En un manifiesto suscrito por las ONG citadas, por Amnistía Internacional y por la Asociación Española de Neuropsiquiatría con motivo del Día Mundial de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura, que se celebra hoy, los firmantes denuncian además que el Estado español no respeta siempre la presunción de inocencia de los detenidos por sospechas de terrorismo.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

En el documento, titulado "Manifiesto de Madrid para la erradicación de la tortura y los malos tratos", se pide al Gobierno que haga prevalecer garantías que "no siempre" se dan en España en el campo antiterrorista, como "el derecho del detenido a ser visitado por sus familiares y por un médico y un abogado de su elección desde el mismo momento de su detención, y la presunción de inocencia del detenido".

Del mismo modo, el texto aboga por que se cumpla "la prohibición de condenar al acusado sobre la base de confesiones extrajudiciales" y por que se revise "urgentemente" la legislación antiterrorista en vigor, "que permite mantener incomunicados a detenidos sospechosos de actividades terroristas".

Con respecto a la incomunicación de los presos, Villán señaló que España "va por mal camino", pues ha ido incrementando los días de incomunicación preventiva para los presuntos terroristas hasta situarlos en los 13 actuales.

El manifiesto exige además al Gobierno de España que "separe" de su cargo a los funcionarios investigados, como medida "puramente cautelar", y que haga obligatoria la grabación en soporte audiovisual de los interrogatorios "a todo tipo de detenidos".

Del mismo modo, el texto pide al Ejecutivo que adopte las medidas de protección contra la tortura recomendadas por los órganos internacionales de derechos humanos y que establezca urgentemente un mecanismo nacional de prevención de la tortura, conforme al Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, ratificado por España en 2006.

Según las ONG que suscriben el texto, las reivindicaciones del manifiesto de este año coinciden con las del pasado, cuando se denunciaron en España un total de 576 casos de tortura (un 15% que en 2007) y 1.010 funcionarios de prisiones y policía comparecieron ante tribunales acusados también de tortura, indicaron.