La Plataforma, que agrupa a una treintena de ONG que trabajan en favor de los menores, recibió esta mañana el informe del Defensor del Pueblo que recoge casos de malos tratos en centros de protección de menores con trastornos de conducta.

En declaraciones a Servimedia, Hernández aseguró que los datos incluidos en este informe "son bastante preocupantes" y reflejan que estos centros, tutelados por las comunidades autónomas, tienen "bastantes carencias".

Hernández recalcó que estos casos obligan a que, a pesar de que las competencias estén transferidas a las autonomías, el Estado debe "hacer un esfuerzo suplementario para armonizar la normativa en todas las comunidades autónomas".

Con ello, según Hernández, se establecerían "protocolos y estándares mínimos de funcionamiento, que sean comunes para todas las comunidades autónomas".

Además, Hernández apostó "por una mejora tanto de la profesionalización del personal como de las condiciones laborales".

De igual modo, añadió que "sería imprescindible fortalecer el trabajo de inspección por parte de autoridades públicas, tanto en los servicios de protección de la infancia de las comunidades autónomas como de la Fiscalía".