LA ONG DE DISCAPACIDAD PROPONEN SISTEMAS DE JUBILACION ANTICIPADA
- El CERMI lleva al Foro Mundial de ONG la necesidad de reconocer el envejecimiento prematuro del colectivo
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Las ONG de discapacidad integradas en el CERMI (Comité Español de Representantes de Minusválidos) propusieron hoy a las administraciones, en el marco del Foro Mundial de ONG sobre Envejecimiento, la puesta en marcha de sistemas de jbilación anticipada y mayor flexibilidad en la concesión de pensiones de invalidez.
Estas propuestas se incluyeron en el capítulo de conclusiones alcanzadas en el seminario "Envejecimiento y Discapacidad", celebrado en el marco del Foro Mundial de ONG, acto paralelo a la Asamblea Mundial de Envejecimiento de Naciones Unidas.
En dicho encuentro, los representantes del mundo de la discapacidad pusieron sobre la mesa las dificultades a las que se enfrenta el colectivo, al que el envejecimiento afect de forma singular. En este sentido reclamaron el reconocimiento por parte de la Seguridad Social del envejecimiento prematuro al que se enfrentan los discapacitados, con el fín de dar respuesta al modo en que envejecen estas personas y qué necesitan.
Según explicaron, un discapacitado se enfrenta a un envejecimiento acelerado y a un desgaste suplementario que no afecta a la persona sin discapacidad, y cuya repuesta, por tanto, no tiene cabida actualmente en el sistema ordinario de la Seguridad Social Este sistema, añadieron, tampoco tiene en cuenta el inferior periodo laboral que realiza un minusválido.
Por otra parte, subrayaron la importancia de una regulación urgente de la dependencia y de su cobertura, así como de un incremento del apoyo a las familias con personas discapacitadas, especialmente a las mujeres, en forma de servicios, prestaciones económicas o beneficios fiscales.
El presidente del CERMI, Alberto Arbide, defendió la necesidad de poner en marcha un sistema público que abordela realidad de la dependencia regulada como un derecho subjetivo, es decir, exigible. De este modo, el CERMI descartó la posibilidad de que se configure como un plan concertado que dependa del dinero disponible, o de que el ayuntamiento de turno quiera llevarlo a cabo.
"Debe ser un derecho y que recoja unas prestaciones reguladas", dijo Alberto Arbide, para añadir que "hay que hacer un esfuerzo de todas las administraciones, económico y legislativo".
(SERVIMEDIA)
08 Abr 2002
SBA