Aseguran que los últimos casos fueron los de Mohamed Benhalima y Mohamed Abdellah, dos activistas argelinos que buscaban asilo en España tras huir de su país, que les perseguía por haber denunciado públicamente varios casos de corrupción y de vulneraciones de derechos humanos, según afirmaron las organizaciones en un comunicado.

"Estamos sin embargo ante una situación atemporal", en la que España "incumple su propia legislación" y deporta a disidentes "como moneda de cambio con terceros países", criticaron.

Apuntaron que antes de proceder a la expulsión, los dos fueron encerrados en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para que no huyeran, es decir, "para que no pudieran escapar de la traición de un Estado que se dice de Derecho, pero que en la práctica es un Estado contra Derecho, pues incumple sistemáticamente su propia normativa y persigue a quien debe proteger".

En su opinión, "con la ley en la mano, Benhalima y Abdellah no deberían haber sido ni detenidos, ni internados, ni deportados, sino acogidos y amparados". "Desde su creación, los CIE han sido utilizados para llevar a cabo estos juegos sucios en los que las instituciones activan todos los instrumentos del dispositivo deportador con modos propios de una organización criminal", subrayaron. Por todo ello, exigieron su cierre definitivo y el fin de las deportaciones de disidentes.