En un comunicado, la Coordinadora destaca la falta de voluntad política del Gobierno en esta materia, ya que la Ley de Cooperación, de 1998, establecía el plazo de un año para regular el Estatuto del Cooperante.

Además, en febrero de 2002, el Congreo aprobó una moción en la que se instaba al Ejecutivo a presentar en el plazo más breve posible un proyecto de Ley regulador de ese estatuto.

"Las ONG no buscamos privilegios, simplemente consideramos necesario que se reconozcan las especiales circunstancias en las que se realiza este tipo actividad y se equipare en derechos a estos trabajadores cooperantes con el resto dela población laboral española", indica la organización.

Asimismo, la coordinadora contrapone el "reconocimiento, la considerción, la atención y el respeto" que la sociedad otorga a los cooperantes con la actitud del Gobierno, que "no parece tener la prioridad de responder a las inquietudes de ese colectivo".

"¿Por qué, pagando los mismos impuestos que el resto de los españoles, no les cubre la asistencia sanitaria?, ¿por qué los hijos de quienes trabajan en España tienen derecho a la educación gratuita y el hijo de quienes dedican su trabajo a la cooperación internacional no tienen ese derecho?", añade el comunicado.

or último, la Coordinadora emplaza al Gobierno a convocar "en breve" al Consejo de Cooperación para promover la aprobación del Estatuto del Cooperante.