En declaraciones a Servimedia, Bayarri valoró la importancia de que el Ministerio de derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 haya publicado este borrador de real decreto, que debe desarrollar la Ley 4/2022 de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

En su artículo 3, dicha norma definía a las personas con discapacidad como consumidoras vulnerables, por lo que en su disposición adicional primera establecía la obligación de que el etiquetado figurase en alfabeto braille –o en otros formatos- que “garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas con discapacidad", visual y cognitiva en especial.

Según el proyecto recién publicado, este etiquetado podrá realizarse en Braille o mediante códigos QR (o medios tecnológicos similares) táctiles o en relieve, fáciles de identificar. Afectará a los productos de higiene y cosmética; a aquellos considerados como peligrosos, y a aquellos que puedan contener algún ingrediente o coadyuvante tecnológico capaz de causar alergias o intolerancias. En el amplio anexo que especifica el ámbito de aplicación de la norma, se clasifican con las letras A, B y C.

Será obligatorio que la palabra 'peligro’ aparezca siempre en Braille en el caso de los bienes del grupo B, requisito extensible a los elementos susceptibles de originar alergias o intolerancia en el último grupo.

POCO A POCO

En opinión de la directora del SBO, en cuya sede se ubican las oficinas de la Comisión Braille española, “la buena noticia” es que este proyecto de real decreto obliga al Ministerio de Derechos sociales a elaborar un informe sobre la aplicación y los efectos de la norma cuando se cumplan dos años de su entrada en vigor, y ello "permitirá avanzar y seguir mejorando el etiquetado Braille”.

Los resultados de dicha evaluación podrían, por ejemplo, facilitar la inclusión o reclasificación de algunos productos, valoró.

A su juicio, se trata de “ir subiendo escalones y de ganar autonomía poco a poco. Zamora no se conquistó en una hora”, zanjó.

La responsable de la Comisión Braille española, organismo de la ONCE con el que la propia norma aconseja colaborar a las administraciones públicas para el fomento, promoción, difusión y garantía del buen uso del sistema braille en el ámbito de consumo, consideró adecuado el plazo de seis meses que el texto concede a la industria para adaptar sus etiquetados.

"Con todo el tiempo que llevamos solicitando" estas etiquetas, "creo que es bastante ajustado”, valoró.

Finalmente, Bayarri agradeció la colaboración de todos los poderes públicos y organismos implicados en la aprobación de la ley de 2022 y en la elaboración del actual proyecto de real decreto, al que se podrán presentar aportaciones hasta el 15 de septiembre.

A través del Cermi, la ONCE “ha trabajado de forma decidida en su redacción”, concluyó.