El último balance de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, correspondiente a 1990, en el que se incluye por primera vez información sobre las comunidades y los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, muestra quesólo seis autonomías cumplen con la preceptiva obligación de comunicar los contratos realizados.

Las incumplidoras son Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja, que no facilitaron información de ni uno sólo de los contratos efectuados en 1990.

Las seis autonomías que facilitaron información fueron Aragón (10.186,8 millones de pesetas), Asturias (706,5 millones), Castilla La Mancha (1.578,6 millones), Extremadura (706,5 millones), Muria (590 millones), País Vasco (17 milones) y Valencia (10.184 millones).

El importe total comunicado por las autonomías ascendió a 23.873 millones de pesetas, de los que la mayor parte, 21.157 millones, correspondieron a contratos para la ejecución de obras públicas.

De los contratos de obras, se adjudicaron "a dedo" contratos por un importe total de 3.931 millones, mientras que por concurso se canalizaron 12.950 millones y por subasta 4.275,6 millones.

En estos contratos, las autonomías obtvieron una rebaja media del 12,56 por ciento en relación al presupuesto base inicialmente previsto, lo que supuso un abaratamiento de 3.037 millones de pesetas.

El abaratamiento obtenido fue mucho mayor en las obras adjudicadas mediante subasta, donde alcanzó un 19,4 por ciento, y en los concursos, en los que se situó en un 12,64 por cien, que en las contrataciones directas, de sólo un 3,27 por cien.

De otro lado, la memoria de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa pone igualmente demanifiesto que también muchos ayuntamientos ocultan la información que están obligados a comunicar al Registro de Contratos.