El letrado hizo estas declaraciones ante la petición del fiscal para que se repitan las declaraciones del "sumario Oñaederra" y que se levante el secreto de sumario que pesa sobre éste. El objetivo de esta medida es salvaguardar el principio de contradicción y evitar una posible nuldad de las actuaciones.

Para el abogado de Rodríguez Galindo, tras la petición del fiscal se oculta la sospecha de que el procedimiento no se realizó con las garantías jurídicas debidas, lo que, de verificarse, provocaría la anulación del caso.

Agregó que una anulación de las actuaciones del caso implicaría que el mismo se iniciara de nuevo, pero no así las declaraciones hechas durante la instrucción, por estar ya "viciadas de nulidad".

Según Argote, la petición del fiscal resulta "tardía", abida cuenta de la fecha en que se inició el procedimiento sobre el "caso Oñaederra", abierto a finales de 1994, tras unas declaraciones de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez.

En su opinión, en todo el tiempo que lleva abierto el "caso Oñaederra" no ha sido necesaria una medida como la solicitada ahora por el fiscal.