La decisión tomada por la OMIC obedece a las numerosas quejas que se han recibido en los últimos meses, por problemas suscitados por la afluencia de instaladores a domicilio particulares que tienen que cambiar, pr motivo de caducidad, las gomas de la instalación del gas.

Una vez efectuado el cambio, el usuario debe pagar un importe situado en torno a las 1.000 y 2.000 pesetas, frente a las 300 que cobra la compañía Repsol butano.

Ante estos problemas, la OMIC de Alcorcón ha advertido al usuario de que esta practica no es ilegal, ya que los instaladores son profesionales libres acreditados por el Ministerio de Industria.

No obstante, ha emitido un comunicado en el que recuerda a los vecinos que únicaente están obligados a permitir la entrada en sus domicilios a aquellas personas que se identifiquen como responsables de Repsol Butano o sus distribuidores.

Asimismo, la OMIC destaca que el resto de los instaladores ofrecen un servicio con carácter voluntario por lo que los vecinos pueden elegir la empresa o instalador que efectúe el cambio de la goma de butano.