Según informó Vox, Olona acusa a la alcaldesa de Salobreña de los delitos de prevaricación administrativa y delito electoral, así como de vulneración de los derechos fundamentales de la denunciante reconocidos en los artículos 19 y 23 de la Constitución española.

Desde Vox se destacó que, con la denuncia, su candidata a la Junta demuestra que “no va a dejar sin respuesta las actuaciones caciquiles del Gobierno contra su persona y su formación política, para centrarse a partir de ahora en los problemas que realmente interesan a los andaluces”.

En el escrito presentado ante la Benemérita, Olona realiza una descripción de cómo considera que se ha vulnerado su privacidad, “a pesar de vivir con escolta permanente por encontrarse amenazada de muerte por su actividad política”. Un aspecto que, según denuncia Vox, no ha importado ni al Ayuntamiento de Salobreña ni a su alcaldesa, quienes “han actuado movidos por intereses políticos”.

En la denuncia se sostiene que la denunciada ha utilizado “torticeramente” las instituciones y potestades públicas municipales, “perjudicando gravemente la imagen, la honorabilidad y la candidatura de la denunciante”.

RIESGO PERSONAL

Además, Vox sostiene que se ha intentado privar a Olona "de un derecho fundamental, su derecho de voto, reconocido en el artículo 23 de la Constitución española, dado que la baja en el padrón municipal comportaría la imposibilidad de participar con su voto en las próximas elecciones autonómicas andaluzas señaladas para el próximo 19 de junio de 2022”. También se entiende que se ha intentado restringir a la candidata su derecho fundamental a la libertad de residencia, según proclama el artículo 19 de la Constitución española.

Como conclusión, Vox apunta que la alcaldesa denunciada no puede excusarse en el desconocimiento de la normativa aplicable a la regulación del empadronamiento y protección de datos. Se afirma que la primera edil ha incurrido en una “flagrante infracción de normas de seguridad que pone en serio peligro la seguridad personal de la candidata”.

Todo esto, “refrendado por los argumentos esgrimidos en la resolución dictada este mismo lunes por la Junta Electoral Provincial, que indica la absoluta legalidad de la actuación de la candidata”.

Por último, Vox señala que “cualquier obstáculo al reconocimiento de otra situación que la de la legalidad del empadronamiento supone una vulneración de derechos fundamentales por parte de sus promotores, además de actos delictivos”.