Estas organizaciones consideran que la capacidad productiva de España ha estado suficientemente demostrada y que ha estado injustamente penalizada por la UE, por lo que exigen un incremento de presupuesto en 209 millones de euros sobre los 1.214 millones actuales.

A pesar de que la asociaciones agrícolas se muestren reacias al deacoplamiento de las ayudas, han aceptado que se establezca un porcentaje mínimo de ayuda desacoplada de la produción.

Además, exigen que exista un porcentaje del 50%, como mínimo, de la ayuda acoplada, ya que garantiza la transparencia del mercado, la actividad de las zonas menos productivas, y la trazabilidad del producto, y se asignarán en función de la producción real de cada campaña.

Por otra parte, han exigido una cantidad naconal de 50 millones de euros como ayuda para las explotaciones con problemas y un fondo nacional de 20 millones de euros, procedentes del Fondo de Desarrollo Rural, para aquellas explotaciones que, teniendo dificultades, contribuyan a la conservación del medio ambiente.

Estas ayudas se deberían destinar tanto para el olivar destinado a aceite de oliva como al de aceitunas de mesa. Las organizaciones exigen mejorar también el sistema de almacenamiento privado y prohibir la mezcla comercial de los diferntes aceites de los Estados miembros.