La comparecencia de los representantes de las cuatro asociaciones de jueces fue solicitada ayer por el Grupo Socialista con el objetivo de conocer de primera mano las reivindicaciones origen de la protesta judicial.

"Tenemos que escucharles", dijo Olabarría. "Tenemos que saber qué falta, descubrir por qué la justicia tiene unos ratios de confianza tan bajos, por qué hay tanto retraso en la redacción y ejecución de sentencias, por qué aún no existe una oficina judicial bien configurada..., muchas cosas".

Después de conocer las quejas de los jueces y magistrados corresponderá a los diputados "hacer propuestas para resolver estos problemas en lo que sea posible".

Olabarría explicó que lo que más le "desagrada" de esta comparecencia es que "penda sobre ella la amenaza de algo tan manifiestamente ilegal como una huelga".

"Es bueno que vengan y que nos expliquen, pero no es bueno que vengan a otro poder público, al poder legislativo donde reside la soberanía, con un elemento de presión que rayaría casi en el chantaje institucional".

Según el portavoz del PNV, "la justicia se está convirtiendo en un problema de Estado" y requiere soluciones "rápidas y diligentes". Tras reconocer que ha habido una "dejación histórica" de las reformas, consideró que "reunirse con la asociaciones representativas de jueces y magistrados es indispensable".

Para Olabarría, la tabla reivindicativa que presentan las asociaciones "es razonable en términos generales", porque "nunca ningún gobierno, ni de UCD, ni del PP, ni del PSOE, ha ubicado entre sus prioridades presupuestarias la reforma de la justicia".

Entre las carencias más destacadas, Olabarría indicó que faltan jueces,-"tenemos el número más bajo de jueces por habitante más baja de Europa"-, que las retribuciones de los jueces de primera instancia e instrucción son "manifiestamente escasas" y la necesaria configuración de una oficina judicial eficiente que permita seguir la ejecución de las sentencias.

Pese a ser todas ellas "reivindicaciones razonables", el anuncio de una huelga es "manifiestamente ilegal". "Los jueces", dijo, "no pueden ejercer el derecho de huelga tal como está configurada la Constitución. El derecho de huelga lo tienen los trabajadores por cuenta ajena, y los jueces no lo tienen por ser miembros de un poder del Estado, que no puede cesar en su actividad".