La resolución, que recuerda que estas conductas de los ciudadanos, en general jóvenes, de ocupar viviendas y edificios abandonados se realiza "sin ejercitar ni violencia ni intimidación de las personas", considera que el movimiento 'okupa' en España y en Europa "responde a un prolema social de gran envergadura: la imposibilidad de acceder a una vivienda digna como consecuencia de que los precios de mercado responden a intereses especulativos".

Para los miembros de JpD, "penalizar estas conductas responde a una opción político-criminal errónea por innecesaria, porque el derecho a la propiedad tiene su cauce y protección en el derecho civil. Al acudir al Derecho Penal se radicalizan las posturas, se crean nuevos delincuentes, sin abordar el problema de raíz".

Los jueces renidos en Santander por esta asociación consideran que no existe un bien jurídico a proteger en estos casos, "dado que se hace referencia a viviendas no sólo desocupadas, sino abandonadas, de lo que se deduce que el sujeto pasivo suele haber hecho dejación de su derecho".