Alvarez de Miranda, que abre este proceso tras la denuncia que ha recibido de los padres de algunos de los detenidos y sin perjuicio de las actuaciones judiciales llevadas a cabo, tratará de determinar las condiciones en las que estuvieron detenidas estas personas.

Asesores del Defensor del Pueblo visitaron ayer tarde la Comisaría de Centro del Cuerpo Nacional de Policía, en la calle Luna, donde fueron trasladados el asado viernes los arrestados.

A esa comisaría, a la que ya en varias ocasiones el Defensor del Pueblo ha puesto serias objeciones como centro de detención, fueron trasladadas la mayoría de las personas detenidas, lo que originó que durante un espacio de 5 ó 6 horas permaneciesen en sus dependencias alrededor de 38 personas, tanto hombres como mujeres, e incluso 5 menores de edad.

Los asesores del Defensor señalan que los calabozos donde permanecieron la mayoría de arrestados no reúnen las mínimascondiciones de salubridad e higiene, ni de seguridad para tan elevado número de detenidos, tanto para éstos como para los funcionarios que les custodiaban, según las mismas fuentes.

Asimismo, los asesores afirman que se ha podido determinar que si bien el trato dado a los detenidos no presenta irregularidades, sin embargo el proceso llevado a cabo para la toma de declaración de los arrestados, así como las diligencias policiales en general practicadas (libro de detenciones, libro de ingresos en calaboos), adolecieron de la suficiente claridad que permita un conocimiento exacto de las personas que permanecieron en los calobozos y de los objetos personales que portaban, hecho éste de especial significación de cara a las posteriores actuaciones judiciales.

Finalmente, señalan que entre las quejas presentadas por familiares de los detenidos, que pudieran afectar al derecho a la intimidad, figura la relativa a la exposición en las puertas de acceso a los Juzgados de Plaza de Castilla de un listado con l nombre de todos los detenidos, fecha en que fueron puestos en libertad la mayoría de ellos.

Sin perjuicio de estas actuaciones, se ha solicitado al delegado del Gobierno en Madrid, Pedro Núñez Morgades, un informe sobre todas las circunstancias que rodearon los incidentes del pasado día 20 de marzo.