El organismo europeo aclaró que "se trata de un caso de asistencia operativa", ya que el caso está siendo investigado por las autoridades judiciales españolas, con las que la OLAF trabaja "en estrecha colaboración".

Asimismo, remarcó que la información que se obtenga en el proceso es competenciade la autoridad judicial y, por tanto, "está protegida por las medidas que amparan el secreto de sumario", por lo que cualquier comentario público que emane del organismo "supondrá una violación de la ley".