Estos datos figuran en el estudio "Evaluación y consecuencias de la oferta extralegal en la industria turística española", uno de los informes que sirvieron de base a la elaboración del Libro Blanco del Turismo.

El gasto realizado por los turistas que eligieron este tipo de alojamientos fue de 915.000 millones de pesetas. El volumen de empleos así generados, 96.075 directos y 252.540 indirectos, representó el 6 por ciento del empleo total del sector.

Los ingresos obtenidos por el alquiler de alojamientos ilegales ascendieron a 173.792 millones de pesetas, de los que el 66,31 por ciento fueron ingresados en temporada alta y el 33,69 por ciento restante en la media o baja.

De esos ingresos, Baleares obtuvo el 28,22 por ciento; Andalucía, el 20,29 por cien; Valencia, el 19,03 por cien; Canarias, el 16,29 por cien; y Cataluña, el 8,64 por cien. De las demás comunidades, ninguna llega al 5 por ciento.

Entre 1981 y 1989, el número de viviendas que configuran la oferta turística extralegal se incrementó en 489.103, de las cuales 414.014 estaban situadas en zonas del litoral. El mayor incremento, casi del 80 por ciento, se registró en Murcia, mientras que en Canarias fue del 60 por cien.

Por provincias, Alicante es la que tiene más viviendas de uso turístico, con 209.038. Le siguen Baleares, con 146.686; Gerona, con 135.125; Málaga, con 124.969; y Tarragona, con 124.790. El 25,99 por cien de los alojaientos son contratados directamente y casi la mitad a través de operador o agencia de viajes.

COMPETENCIA DESLEAL

El informe pone de manifiesto la competencia desleal que estos alojamientos plantean a los hoteles, ya que no pagan el 6 por ciento de IVA, tienen menos gastos por cliente alojado y "una mayor índice de hacinamiento".

Además, el gran volumen de esta oferta es un arma en manos de los operadores "para presionar a la baja los precios del alojamiento en España, junto con una merma de sevicios para soportar esos precios".

Según el estudio, esta situación es totalmente contraria a "las actuales tendencias de la demanda, orientada hacia modelos de urbanismo blanco y que exigen un elevado nivel de servicios, un contacto con la naturaleza, unos paísajes de calidad".

El carácter extralegal de las viviendas "impide cualquier control de los servicios ofrecidos, así como de la relación entre éstos y los realmente prestados".