Esta oferta fue aprobada previamente en el Consejo de la Función Pública, con el informe favorable de los sindicatos presentes en el mismo (UGT, CCOO, CSIT-UP, CSI-CSIF y CEMSATSE).

El decreto incluye también la fórmula de concurso-oposición, en vez de oposición, con el fin de valorar más criterios que el puro examen a la hora de acceder a un empleo público. De esta manera, además de la nota alcanzada por los aspirantes en la oposición, se tendrán en cuenta criterios como la experiencia en el ámbito y la formación, entre otros.

Además, se potencia la separación de los distintos tipos de ejercicios o exámenes para fomentar la integración de personas con discapacidad, estableciendo convocatorias individualizadas que permitan concursar a este colectivo en igualdad de oportunidades.

De los 4.930 nuevos empleos en la Administración regional, 2.384 serán plazas de funcionarios, 706 de personal laboral y los 1.840 restantes estarán integrados en el personal estatutario, fundamentalmente en sanidad (médicos, técnicos, auxiliares y trabajadores sociales).

Dentro del personal funcionario, 1.849 plazas se destinarán a la Administración especial (personal docente no universitario e ingenieros, sanidad, agentes forestales, bomberos, etcétera.), 188 a la Administración General y 347 puestos a la promoción de los actuales trabajadores de la Comunidad.

Respecto al personal laboral, se han previsto 118 puestos para promoción, y el resto se reparten entre servicios de emergencias, seguridad y otros.

González consideró muy importante el acuerdo alcanzado con los sindicatos y aseguró que permitirá incorporar nuevos profesionales e incentivar a los actuales para ofrecer un servicio público de calidad, objetivo principal, según dijo, del Gobierno regional.